Emiten 2 fallos por $9.355 millones contra Saludcoop y Guillermo Grosso por irregularidades en contratos

Guillermo Grosso, exagente interventor de Saludcoop
Guillermo Grosso, exagente interventor de Saludcoop

En un comunicado de prensa e, la Contraloría General de la República de Colombia informó sobre la emisión de dos fallos de responsabilidad fiscal por un total de $9.355 millones contra Saludcoop EPS y Guillermo Grosso.

Estos fallos se generaron como resultado de irregularidades encontradas en la suscripción y pagos de contratos que no estaban alineados con el objeto social de la EPS y desembolsos que no guardaban relación con la cobertura y provisión de servicios de salud.

El primer fallo, por un monto de $7.942 millones, está vinculado a pagos realizados por contratos de promesa de compraventa de tres clínicas durante el año 2015, periodo en el cual Saludcoop EPS estaba bajo intervención.

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La Contraloría determinó que estos desembolsos no cumplían con la naturaleza del gasto establecida por la normativa, careciendo de relación con la cobertura y provisión de servicios de salud. Cabe resaltar que los recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) deben destinarse exclusivamente a fines de seguridad social, según mandato constitucional.

En el segundo fallo, por un monto de $1.413 millones, se destacaron pagos realizados en el marco de contratos de prestación de servicios y obra durante los años 2014 y 2015. Estos pagos estaban destinados al diseño arquitectónico, amoblamiento de oficinas y adecuaciones en las instalaciones de la EPS. Sin embargo, se determinó que dichos gastos eran ajenos al objeto social de Saludcoop y no podían ser sufragados con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

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Es relevante señalar que la Contraloría resalta la importancia de garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la seguridad social y la prestación de servicios de salud, especialmente cuando la entidad se encontraba bajo intervención forzosa para administrar, según lo ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud.

Este nuevo desarrollo refuerza la necesidad de una gestión transparente y responsable en las instituciones encargadas de velar por la salud y el bienestar de la ciudadanía, así como la importancia de la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.