Esta semana, la empresa Thomas Greg & Sons presentó una demanda por 117.000 millones de pesos contra el Estado colombiano, después de que este declarara desierta la licitación para la elaboración de pasaportes en septiembre.
Ante este escenario, el vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, ha advertido que, en caso de perder el litigio, la Contraloría General de la República abrirá un proceso fiscal.
En entrevista, Zuluaga explicó que en este momento son supuestos, ya que la demanda apenas se radicó y debe pasar por un proceso judicial. Sin embargo, resaltó que si el Estado resulta perdedor, la Contraloría estará obligada a iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. Este proceso implicaría la identificación de los responsables y la aplicación de medidas cautelares, como el embargo de cuentas y bienes de aquellos que causaron un presunto daño al patrimonio público colombiano.
La demanda actual se encuentra en el ámbito contencioso administrativo, donde se determinará si la empresa tiene razón en su reclamo. En caso de que el Estado sea absuelto, no habrá problemas, pero en el escenario contrario, la Contraloría actuará de inmediato según las decisiones judiciales.
Es relevante recordar que la licitación fue declarada desierta en septiembre debido a la decisión del Gobierno colombiano de no otorgar licitaciones con un único oferente, aunque esta práctica no esté prohibida por ley.
A pesar de intentos de conciliación ante la Procuraduría, el 19 de diciembre se anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Thomas Greg & Sons no llegaron a un acuerdo, llevando el caso a instancias judiciales. La Contraloría, en este contexto, asumiría la función principal de investigar cualquier detrimento patrimonial del Estado en caso de perder la demanda.
La situación actual deja entrever la posibilidad de un proceso judicial complejo, con potenciales consecuencias para los responsables de las decisiones gubernamentales, incluido el Canciller Álvaro Leyva, y destaca la importancia de la resolución efectiva de disputas para salvaguardar el patrimonio público colombiano.
