La explicación del exviceministro Acxan Duque sobre el envío de una fotografía íntima a una funcionaria del Ministerio de la Igualdad abrió un nuevo frente de controversia en esa cartera, que ya trasladó el caso a la Fiscalía y a la Procuraduría. Mientras el exfuncionario sostiene que todo ocurrió por un error al manipular varios chats de WhatsApp al mismo tiempo, la denuncia interna, la reacción de la trabajadora afectada y la respuesta institucional convirtieron el episodio en una nueva sacudida política para el ministerio.
Según relató Duque en entrevista con Blu Radio, la mañana del 25 de marzo estaba en su habitación, acababa de hacer ejercicio y sostenía una conversación por audífonos con un amigo mientras revisaba varias conversaciones abiertas en su celular. De acuerdo con su versión, a las 7:17 de la mañana le envió a una funcionaria un video político de TikTok y, catorce minutos después, a las 7:31, salió desde su teléfono una imagen íntima en la que aparecía desnudo. El exviceministro asegura que esa fotografía estaba dirigida a su pareja sentimental y no a la funcionaria. “Fue un error de minutos”, afirmó.
El entonces jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de la Igualdad sostuvo además que el envío no tuvo intención de acosar ni de vulnerar a la funcionaria. Para respaldar esa tesis, dijo haber presentado un peritaje forense de su dispositivo móvil, con el que busca demostrar que la misma imagen fue remitida a dos chats distintos exactamente a la misma hora. Según su defensa, eso probaría que el contenido sí tenía como destinataria a su compañera sentimental y que la llegada al chat de la funcionaria fue accidental.
Duque también aseguró que, apenas advirtió lo ocurrido, borró la imagen, ofreció disculpas inmediatas y reportó voluntariamente el incidente ante la oficina de Control Interno a las 9:38 de la mañana del mismo día. Según su versión, esa actuación buscó activar los protocolos internos y dejar constancia de lo sucedido. En la misma entrevista insistió en que no existió una conducta repetida ni una serie de comportamientos que permitieran hablar de acoso sistemático. “El acoso en Colombia… no se debe permitir”, dijo, al tiempo que sostuvo que su renuncia no equivale a una admisión de culpa, sino a una decisión para evitar que el caso se convirtiera en un “comodín” político contra la agenda legislativa del ministerio.
Sin embargo, la controversia no quedó reducida a la explicación del exfuncionario. La funcionaria involucrada formalizó su inconformidad y pidió que la comunicación se mantuviera en términos estrictamente profesionales. De acuerdo con la información divulgada por medios de comunicación, la trabajadora consideró el contenido recibido como una agresión y dejó constancia de que ese tipo de mensajes no tenía cabida en una relación laboral. La queja llegó al Comité de Convivencia del ministerio y, poco después, escaló al debate público.
La denuncia tomó mayor fuerza luego de que la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia hiciera visible el caso en redes sociales y solicitara medidas urgentes de protección para la funcionaria. La congresista pidió la intervención de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, y reclamó que el funcionario fuera apartado del cargo mientras avanzan las verificaciones. En uno de los mensajes citados por medios, Valencia sostuvo: “Ese funcionario debe ser apartado inmediatamente del cargo mientras se adelanta la investigación. Estos presuntos abusos no pueden suceder. ¡Necesitamos acciones inmediatas para proteger a las mujeres!”.
Horas después, Duque dejó el cargo. La respuesta oficial del Ministerio de la Igualdad fue contundente. En un comunicado, la entidad señaló: “En este Ministerio no toleramos, no minimizamos y no encubrimos ninguna forma de violencia contra las mujeres”. Agregó que el funcionario fue removido de su puesto y que el caso fue remitido “de forma inmediata a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación” para que se adelanten las investigaciones correspondientes con independencia. El ministerio informó además que activó el protocolo interno “Voces Vivas” y remarcó que “aquí no hay espacio para privilegios, jerarquías ni silencios cómplices”.
La cartera también intentó enmarcar el episodio en una discusión más amplia. En su pronunciamiento sostuvo que lo ocurrido “no es un hecho aislado”, sino la manifestación de una estructura de desigualdad y de relaciones de poder que históricamente han permitido la violencia contra las mujeres. Con esa postura, el Ministerio de la Igualdad buscó enviar un mensaje de cero tolerancia frente a hechos denunciados dentro de una entidad cuya misión institucional está justamente ligada a la protección de derechos y a la reducción de brechas.
El caso, además, se produce en un momento especialmente sensible en Colombia por una serie de denuncias públicas sobre acoso y abuso de poder en distintos entornos laborales y mediáticos. En días recientes, varios señalamientos en medios de comunicación reactivaron la discusión nacional sobre las respuestas institucionales frente a este tipo de conductas, la protección de las denunciantes y el manejo de las jerarquías en espacios de trabajo. En ese contexto, lo ocurrido con Duque fue leído no solo como un episodio interno del ministerio, sino como parte de una conversación más amplia sobre responsabilidades, protocolos y rendición de cuentas.
En el centro de la controversia, sin embargo, sigue estando la secuencia que expone el exviceministro: un envío equivocado, una disculpa inmediata, un reporte voluntario y una renuncia posterior. Del otro lado está la denuncia de la funcionaria, la activación de rutas institucionales y la intervención de las autoridades. A partir de ahora serán la Fiscalía y la Procuraduría las encargadas de establecer si la versión del “error” basta para descartar responsabilidades o si, por el contrario, los hechos configuran faltas o conductas con consecuencias disciplinarias y penales.
L