Washington D. C., 30 de agosto de 2025 — El Centro Jurídico de Derechos Humanos (CJDH), presentó una denuncia ante instancias internacionales en la que solicita medidas cautelares a favor de la exvicefiscal general de Colombia, Martha Mancera. La acción fue interpuesta por el director general del centro, Luis Felipe Viveros Montoya, y se dirige contra el Estado colombiano, señalando presuntas violaciones a los derechos fundamentales de la exfuncionaria.
Según el CJDH, Mancera ha sido objeto de una serie de ataques por parte de autoridades públicas, incluido el Presidente Gustavo Petro, que habrían generado un clima de estigmatización, acoso digital y riesgo a su integridad física. La denuncia detalla que las declaraciones del presidente y de otros funcionarios la vinculan directamente con organizaciones criminales y hechos violentos, sin que existan procesos judiciales concluyentes en su contra.
El documento denuncia que la exvicefiscal ha sido públicamente señalada como parte de una supuesta «junta del narcotráfico», en la que se le relaciona con grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Además, se la ha implicado en magnicidios como el del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y el del senador Miguel Uribe, entre otros hechos violentos de alto perfil.
El CJDH sostiene que esta narrativa ha derivado en un aislamiento institucional, pérdida de protección oficial y un deterioro considerable de las condiciones de seguridad de Mancera, quien hoy vive retirada del servicio público. Denuncian que la Fiscalía General de la Nación le retiró su esquema de seguridad mediante un proceso administrativo sin acceso al informe de riesgo correspondiente, y que la Unidad Nacional de Protección se negó a revisar su situación.
La organización concluye solicitando al Estado colombiano que garantice la vida y seguridad de la exvicefiscal, y hace un llamado a la moderación en las declaraciones públicas por parte de las autoridades.
A continuación, se publica el comunicado completo emitido por el Centro Jurídico de Derechos Humanos:
COMUNICADO COMPLETO
Washington DC, 30 de agosto de 2025
COMUNICADO
El Centro Jurídico de Derechos Humanos presenta denuncia y solicitud de medidas cautelares respecto de la exvicefiscal Martha Mancera
El Centro Jurídico de Derechos Humanos, por medio de su Director General Luis Felipe Viveros, presentó una denuncia con solicitud de medidas cautelares respecto de la República de Colombia. La denuncia se refiere a las presiones indebidas, estigmatizaciones públicas, acoso digital y creación de riesgo por parte del Presidente de la República y otras autoridades públicas en conexión con investigaciones promovidas durante el mandato de Martha Mancera como vicefiscal y fiscal general encargada y que persisten en la actualidad cuando aquella es un simple particular en uso de buen retiro.
Martha Mancera ha sido arbitrariamente caracterizada como un agente político que instrumentalizó su cargo para desestabilizar al gobierno, desinformar, dar un golpe de estado y hasta “torturar” a familiares del primer mandatario. Además de constantes ataques contra su honra y dignidad, el Presidente y otros funcionarios han afirmado que Martha Mancera pertenece o por lo menos es cómplice de la “junta del narcotráfico”. Por esa vía la ha asociado al Clan del Golfo, disidencias de las Farc y otros grupos armados organizados. Esas referencias a la “junta del narcotráfico” también han implicado imputaciones del Presidente por medio de redes sociales y medios oficiales que la relacionan con los magnicidios del fiscal Pecci de Paraguay, del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, de “esmeralderos” asesinados por francotiradores y de un supuesto complot para asesinar al mismo primer mandatario. De todas las referencias a la “junta del narcotráfico” por parte del Presidente, Martha Mancera es prácticamente la única persona identificada en la supuesta organización criminal de carácter transnacional.
Todo esto ha sido acompañado de presiones indebidas y persecución laboral en la Fiscalía General de la Nación, entidad donde sirvió como funcionaria de carrera por casi tres décadas y bajo el mandato de varios fiscales generales. Esa misma entidad forzó su retiro y le quitó su esquema de protección por medio de un procedimiento administrativo que no permite conocer el informe de evaluación de riesgo que determinó que las circunstancias descritas constituyen un “riesgo ordinario”. La Unidad Nacional de Protección, entidad que fue investigada por hechos de corrupción durante su periodo como vicefiscal, declinó estudiar su nivel de riesgo por supuesta falta de competencia. Entretanto, periodistas afines al gobierno afirman que Martha Mancera “está negociando su sometimiento” con la justicia de Estados Unidos “a cambio de delatar a miembros de la [Fiscalía]”. Ese mismo periodista ha publicado que en la Fiscalía le informaron que a la “tenebrosa delincuente” de Mancera “le quitaron” sus “cuentas y credenciales” en la entidad.
Martha Mancera es una funcionaria pública de carrera, sin ambiciones políticas y con apenas una jubilación modesta que le permite vivir dignamente. No tiene medios para pagar seguridad privada. Tampoco para exiliarse, como sugirió el Presidente en una reunión muy publicitada antes de terminar su encargo como Fiscal General. Martha Mancera es, además, la principal cuidadora de su madre de 85 años. Sin embargo, hoy no puede salir de su casa sin que la increpen. Se han publicado fotografías suyas con información personal en lugares que frecuentaba y tiene temor fundado de que atenten contra su vida.
Instamos a las autoridades colombianas a que garanticen la vida e integridad personal de Martha Mancera y a que autoridades públicas, incluyendo al Presidente de la República, valoren el riesgo que crean con sus declaraciones, particularmente en el actual contexto.
LUIS FELIPE VIVEROS MONTOYA
Director General
Centro Jurídico de Derechos Humanos
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