El Ubérrimo: el cruce de caminos entre Uribe, Petro y la reforma rural del gobierno
En una Colombia profundamente dividida, una transacción de tierras en la hacienda El Ubérrimo, propiedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se ha convertido en el epicentro de un acercamiento inédito entre dos fuerzas políticas opuestas. A pesar de la tensión que caracteriza la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y Uribe, la venta de 192 hectáreas de El Ubérrimo al gobierno de Petro parece estar tomando forma.
El Ubérrimo, un vasto predio ubicado en las fértiles tierras de Córdoba, ha sido mucho más que una finca para los Uribe Vélez. Durante más de dos décadas, ha sido el centro de poder político y económico del expresidente, escenario de cónclaves de seguridad y reuniones con figuras internacionales.
El Uberrimo tiene una extensión de más de 700 hectareas, las 200 hectáreas serán destinadas para los proyectos productivos de 30 familias campesinas de la región.
El gobierno de Gustavo Petro, que ha hecho de la reforma rural uno de sus pilares más importantes, está cerca de concretar la compra de una parte significativa de este emblemático predio. A través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el gobierno ha negociado la adquisición de 192 hectáreas de El Ubérrimo, un movimiento que, si bien busca impulsar proyectos productivos para familias campesinas, también refleja el complejo panorama político y económico de Colombia.
Una compra que va más allá de la tierra
La negociación, que ha sido detalladamente discutida entre Uribe y el director de la ANT, Felipe Harman, tiene como objetivo destinar las tierras adquiridas a proyectos agrícolas para 30 familias de campesinos en la región.
Sin embargo, lo que en principio podría parecer una simple transacción inmobiliaria, está impregnado de una carga simbólica que no pasa desapercibida. El precio de las tierras, fue fijado por debajo del avalúo catastral de la región que establece un valor de $120 millones por hectarea. La venta se ha pactado en dos pagos: uno al momento de la firma de la escritura pública y el segundo tras la expedición del Registro.
El monto final de la venta, no se conoce el avalúo rural establecio un valor que ronda los 3.031 millones de pesos, es parte de un plan más amplio del gobierno de Petro para adquirir tierras que permitan implementar su proyecto de reforma agraria. Sin embargo, la venta de tierras no ha sido tan rápida como se esperaba. Aunque el gobierno había proyectado la compra de hasta 3 millones de hectáreas, hasta noviembre de 2024 solo se habían adquirido unas 800 hectáreas.
Inicialmente se tenía una propuesta para la compra de 192 hectáreas de la finca por un valor aproximado de $60 millones por hectarea, sin embargo hasta el momento el acuerdo de compra no ha sido formalmente confirmado.
La compañía Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. actualmente es representada legalmente por Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente
La herencia de El Ubérrimo
A lo largo de los años, El Ubérrimo ha sido un espacio de reunión del poder y la política. Para el gobierno de Petro, la finca ha sido objeto de numerosas críticas. En marzo de 2024, Petro acusó a la familia Uribe de evadir impuestos prediales, un señalamiento que aumentó la tensión entre ambos sectores. Además, la relación de El Ubérrimo con temas de paramilitarismo y despojo de tierras ha sido denunciada por el petrismo, como lo reflejan las denuncias del senador Iván Cepeda.
Por otro lado, desde el uribismo, esta venta es vista como una oportunidad para reafirmar el compromiso de la familia Uribe con el desarrollo del campo y su disposición a colaborar con el gobierno, a pesar de las diferencias políticas. Sin embargo, la situación es más compleja: la venta de tierras a un gobierno con el que la familia Uribe ha tenido fuertes enfrentamientos ideológicos, alimenta aún más la división entre los sectores que defienden la propiedad privada y aquellos que buscan una redistribución más equitativa de la tierra.
Más allá de la controversia política, la compra de las tierras de El Ubérrimo tiene un impacto directo en el campo colombiano. El gobierno de Petro ha sostenido que esta adquisición ayudará a impulsar la productividad agrícola y a mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas en la región. Este tipo de proyectos es parte de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, que establece la redistribución de tierras a los campesinos y comunidades afectadas por el conflicto armado.
