El excanciller no aceptó los cargos por prevaricato por acción que le formuló la Fiscalía por presuntas irregularidades en el contrato de $599.000 millones. La diligencia fue transmitida por Focus Noticias.
En audiencia de imputación de cargos realizada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el excanciller de la República Álvaro Leyva Durán se declaró inocente y no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación penal que se adelanta por las presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación y expedición de los pasaportes en Colombia.
La diligencia judicial, se instaló este martes desde las 8:30 de la mañana, bajo conocimiento del despacho de la magistrada Alejandra Ardila, ante quien la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó formalmente la imputación por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
Desde Madrid (España), donde compareció de manera virtual, Leyva Durán negó su responsabilidad penal y realizó una manifestación expresa de no aceptación de los cargos.
“No señora, no acepto ninguno de los cargos y quiero que sea muy clara la manifestación, que quede absolutamente clara. Y reitero, no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”, aseguró el exfuncionario durante la diligencia.
El delito imputado y la tesis de la Fiscalía
De acuerdo con la Fiscalía, Álvaro Leyva habría incurrido en el delito de prevaricato por acción al haber proferido varios actos administrativos presuntamente contrarios a la ley, en el marco del proceso de la licitación pública 001 de 2023, cuyo objeto era:
“Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”.
Durante la audiencia, la fiscal Sandra Portilla, séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que el exministro habría actuado con desviación y abuso de poder al reasumir de manera directa la dirección del proceso licitatorio.
“Con su actuar, doctor Leyva, usted vulneró el numeral octavo del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio con desviación y abuso de poder, poder que se le había conferido en razón del cargo”, señaló la funcionaria.
Añadió que el presunto abuso ocurrió cuando Leyva reasumió la dirección de la licitación con el propósito de impedir la adjudicación del contrato, pese a que esa función ya estaba en cabeza del secretario general de la Cancillería, quien habría advertido sobre la forma en que se venía adelantando el proceso.
Contexto del escándalo de los pasaportes
El proceso penal contra Álvaro Leyva se origina en el escándalo por la licitación de los pasaportes, que derivó en una crisis en la expedición del documento a nivel nacional y generó fuertes tensiones dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La controversia se produjo luego de que el Ejecutivo decidiera no continuar con la empresa Thomas Greg & Sons, que por cerca de 17 años había manejado la impresión y personalización de los pasaportes. Desde el Gobierno se argumentó que era necesario romper la concentración del negocio en una sola compañía y abrir la prestación del servicio a nuevos actores.
Sin embargo, durante la transición se presentaron fallas contractuales, retrasos y prórrogas, lo que afectó la atención a miles de ciudadanos y obligó a extender de manera temporal el contrato con Thomas Greg mientras se implementaba un nuevo modelo.
El contrato y el modelo transitorio
La licitación para el suministro de pasaportes tiene un valor cercano a los $599.000 millones de pesos. El modelo alternativo propuesto por la Cancillería, bajo el liderazgo de Leyva, buscaba que la Imprenta Nacional, con apoyo de un país extranjero, asumiera la expedición.
Finalmente, se estructuró un modelo transitorio con Portugal, aunque por razones operativas el servicio sigue siendo prestado temporalmente por Thomas Greg a través de prórrogas contractuales.
Sanciones disciplinarias y otras investigaciones
En el ámbito disciplinario, la Procuraduría General de la Nación sancionó a Álvaro Leyva con una inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el actual procurador general, Gregorio Eljach.
En ese mismo expediente disciplinario también figuran investigaciones contra otros exfuncionarios y funcionarios del Gobierno, entre ellos Laura Sarabia, Alfredo Saade y Luis Gilberto Murillo.
En el campo penal, hasta ahora, Álvaro Leyva es el primer alto exfuncionario formalmente imputado por este caso. La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de imputación el 28 de noviembre, lo que dio paso a la diligencia que se cumplió este martes.
Defensa y situación jurídica
Al término de la audiencia, el excanciller estuvo representado por los abogados penalistas Roberto Badel García y Romario Camargo, quienes reiteraron la postura de inocencia de su defendido frente al delito imputado.
Con la no aceptación de cargos, el proceso penal continuará su curso en las siguientes etapas procesales, mientras el Tribunal Superior de Bogotá evalúa la legalidad de la imputación y se definen los próximos movimientos de la Fiscalía dentro de la investigación.