El presidente cuestionó a Girley Ordóñez Bowie y a Elizabeth Jay-Pang por una supuesta oposición a la intervención del Hospital Departamental y lanzó señalamientos sobre la contratación. Las dirigentes negaron haber obstaculizado la medida y señalaron que habían solicitado apoyo para atender la crisis hospitalaria.
De la Espriella en San Andrés protagonizó un intercambio con la gobernadora del archipiélago, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes reclamó por el manejo de recursos públicos y por presuntamente dificultar la intervención del Hospital Departamental.
El encuentro ocurrió en la Base Naval y quedó registrado en un video divulgado este domingo 18 de octubre. Durante la conversación, el mandatario aseguró tener información sobre presuntas irregularidades en la contratación y mencionó al esposo de la congresista y a la autoridad ambiental Coralina. Sus afirmaciones corresponden a señalamientos que requieren verificación por las autoridades competentes.
“Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital”, les manifestó el presidente, al cuestionar lo que consideró una contradicción entre el respaldo expresado a la medida y las actuaciones posteriores.
Las dirigentes intentaron explicar su posición y negaron haber promovido obstáculos. Según las versiones publicadas sobre el intercambio, señalaron que habían solicitado acompañamiento del Ministerio de Salud para atender la situación del centro asistencial.
“No confundan la cortesía institucional con la complicidad”
Uno de los momentos centrales de la conversación se produjo cuando De la Espriella afirmó que conocía presuntas actuaciones relacionadas con la administración de los recursos de las islas.
“Estoy enterado de los negocios de su marido. Estoy enterado de Coralina. Estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, expresó, al dirigirse a la representante Jay-Pang.
El mandatario sostuvo que el esposo de la congresista tendría incidencia en la contratación de la Gobernación, pero en el material suministrado para esta nota no se identifican contratos específicos, expedientes o decisiones judiciales que permitan establecer responsabilidades por esos señalamientos.
“Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”, agregó.
La referencia a Coralina también hizo parte del reclamo presidencial. Sin embargo, durante las declaraciones citadas no se precisaron los procesos contractuales o actuaciones concretas de esa corporación que estarían bajo cuestionamiento.
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El reclamo por la intervención del hospital
De la Espriella también acusó a las dirigentes de haber enviado personas a oponerse a la intervención del Hospital Departamental.
“Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital, y ustedes mandaron a su gente a atravesarse”, afirmó el mandatario.
“Les voy a pedir que no se atraviesen a eso, porque yo lo voy a hacer. Quieran ustedes o no”, añadió.
La acusación de apropiación de recursos formulada por el presidente debe distinguirse de los hallazgos administrativos y asistenciales que sustentaron la intervención: la medida de Supersalud, por sí misma, no establece responsabilidad penal de la gobernadora, la congresista o terceros.
La Superintendencia Nacional de Salud dispuso el 16 de octubre una intervención forzosa administrativa por un año, y designó a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora. La decisión se produjo después de inspecciones adelantadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.
¿Qué encontraron en el Hospital Departamental?
Entre los problemas reportados por Supersalud se encuentran:
- 13 de los 59 servicios habilitados no estaban siendo prestados.
- Dificultades para garantizar especialidades médicas y disponibilidad de un solo cirujano general para distintos servicios.
- Pacientes con esperas superiores a un año para procedimientos quirúrgicos.
- 3.676 estudios radiológicos pendientes de lectura.
- Faltantes de medicamentos e insumos y deficiencias en infraestructura y bioseguridad.
En el componente financiero se identificaron dificultades para establecer con certeza la situación económica de la institución y un rezago de facturación cercano a $3.605 millones, con corte a diciembre de 2025. Estos hallazgos fueron divulgados por Teleislas y Caracol Radio a partir del reporte del organismo de vigilancia.
La posición de la gobernadora y la congresista
Durante el intercambio, las dirigentes rechazaron haber obstaculizado la intervención e intentaron explicar las gestiones que habían realizado ante el Gobierno nacional.
Como antecedente, el 2 de octubre, antes de la confrontación, Ordóñez Bowie había manifestado en una entrevista con Caracol Radio que su administración no toleraría corrupción ni extorsión. En esa oportunidad también reconoció la crisis hospitalaria y explicó que los desembolsos departamentales requerían documentación de la gerencia del hospital. Esas declaraciones son anteriores al reclamo presidencial y no constituyen una respuesta a este episodio.
Por su parte, Red+ documentó que Jay-Pang había publicado un mensaje de respaldo a la visita presidencial y a las acciones de seguridad anunciadas para las islas. Esa publicación también antecedió a la divulgación del enfrentamiento.
En la consulta realizada para esta nota no se encontró un pronunciamiento posterior y detallado de ambas dirigentes sobre cada uno de los señalamientos contractuales.
Los recursos anunciados para el archipiélago
La confrontación se conoció en medio de una visita presidencial con anuncios en seguridad, salud, infraestructura, vivienda y saneamiento básico.
La Gobernación confirmó que se anunciaron $27.238 millones para obras viales: $18.238 millones para pavimentación en San Andrés y $9.000 millones para Providencia. También informó sobre dos proyectos hospitalarios y una mesa técnica para el Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial, prevista para el 21 de octubre. La administración territorial aclaró que la ejecución de las iniciativas depende de los respectivos trámites técnicos, administrativos y presupuestales.
Al referirse a la vigilancia de esos recursos, De la Espriella insistió:
“Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar. Pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos”.
Y concluyó su advertencia con otra frase dirigida a las autoridades del archipiélago: “A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración”.
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