Son señalados de impartir instrucciones para que varios contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran orientados en beneficio de senadores y representantes a la Cámara, y así garantizar votos favorables a varios proyectos del Gobierno nacional que se tramitaban en el Congreso.
En atención a los argumentos y elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los exministros ministros de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, por su posible participación en el direccionamiento irregular de contratos.
Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Legislativo.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de esta macroinvestigación conoció tres momentos en los que se habrían configurado las actuaciones ilícitas. Inicialmente, entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invias y 5 en Ungrd), los cuales ascendían en valor a 612.237 millones de pesos. 7 se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses.
Luego, entre septiembre y diciembre de 2023, intercedieron en tres contratos de Ungrd que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Las evidencias indican que estos negocios no alcanzaron a ser direccionados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco Chaves habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la Ungrd que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas a fines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.
Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a los dos exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los cargos no fueron aceptados.