La Fiscalía le atribuye fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por dos diplomas expedidos por la Fundación San José. En el proceso también fue vinculado el exsecretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez.
Según la Fiscalía: «Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó las pruebas Icfes‘.
Al finalizar la audiencia, Guerrero «no acepto los cargos», al igual que el exsecretario Gutiérrez.
La tarde de este 26 de marzo de 2026 comenzó en Bogotá una de las diligencias judiciales más esperadas dentro del escándalo por los presuntos títulos irregulares expedidos por la Fundación San José. En el Juzgado 38 de Control de Garantías, la Fiscalía inició la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, señalada de haber cargado al sistema oficial Sigep II dos títulos aparentemente falsos para acreditar estudios y respaldar su aspiración al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. La diligencia estaba prevista para las 3:00 de la tarde y arrancó luego de dos aplazamientos anteriores.
La procesada se identificó al comenzar la audiencia con una breve intervención ante la jueza: “Mi nombre es Juliana Guerrero, soy de Agustín Codazzi, Cesar, y resido en Bogotá”. Su presencia marcó un giro en el caso, porque en las dos convocatorias previas la audiencia no pudo realizarse: en una oportunidad no asistió y en otra alegó que no contaba con un abogado de confianza. Finalmente, compareció con el penalista Rafael Martínez como defensor.
La imputación presentada por la fiscal Jessica Montealegre se concentra en dos delitos: fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La tesis del ente acusador es que Guerrero habría obtenido de la Fundación San José dos títulos que no correspondían a una trayectoria académica real: uno como tecnóloga en gestión contable y otro como contadora pública. Según la Fiscalía, esos diplomas fueron usados para inducir en error a funcionarios del Estado y sustentar su hoja de vida en un proceso de nombramiento público.
«Al obtener Juliana Guerrero los dos diplomas falsos y las respectivas actas de grado falsas como tecnóloga en gestión contable y otro como contadora pública, al ingresar la información en el siste Sigep II, del Departamento de la Funció Pública, donde se cargan los documentos de los funcionarios, a sabiendas que estos documentos eran falsos, para el mes de agosto aportó al ministerio los titulos y actas de grado falsos que la acreditaban como profesional y así obtener al acto administrativo de nombramiento como Viceministra de la Igualdad» Fiscalía
Siga la audiencia en directo por Focus Noticias, medio que ha venido transmitiendo la diligencia en vivo en sus plataformas.
Durante la exposición inicial, la fiscal subrayó que los documentos académicos expedidos por una institución de educación superior autorizada tienen naturaleza de documento público. Por eso, sostuvo que el caso no se reduce a una posible irregularidad administrativa, sino que podría configurar una maniobra penalmente relevante. En la reconstrucción hecha por la Fiscalía, Guerrero sabía que los títulos presentaban irregularidades, pues, según esa versión, nunca cumplió con los requisitos legales y académicos para graduarse, pero aun así los anexó a su perfil oficial para demostrar idoneidad profesional ante el Ministerio de la Igualdad.
La diligencia también involucra a Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñó como secretario general de la Fundación San José entre septiembre de 2017 y septiembre de 2025. La Fiscalía sostiene que, desde ese cargo, habría suscrito, autorizado y expedido tanto los diplomas como las respectivas actas de grado con fecha del 1 de julio de 2025, certificando hechos que, según el expediente, no correspondían a la realidad. El señalamiento es que dejó constancia de que Juliana Guerrero había cumplido todos los requisitos para graduarse, cuando no existía soporte suficiente para hacerlo.
«El imputado falto a la verdad, al registrar de manera manual, registró en documento público hechos que no corresponden a la verdad, riesgo que se concretó con la expedición de actas de grado falsos» Fiscalía
Entre los vacíos que la Fiscalía puso sobre la mesa figuran la ausencia de registros académicos reales en las plataformas institucionales, la falta de evidencia sobre el cumplimiento del plan de estudios y la inexistencia de las Pruebas Saber Pro y TyT, exigidas en Colombia para optar por ese tipo de grados. De acuerdo con la teoría del caso, esas omisiones no eran menores y debían impedir la expedición de los títulos. La fiscal incluso señaló que hubo observaciones previas de un comité frente a esos diplomas, pero que aun así Gutiérrez habría seguido adelante con su aval.
El trasfondo del caso viene de meses atrás. La audiencia de este jueves era la tercera fecha fijada por la Fiscalía, luego de que las anteriores fracasaran por problemas de comparecencia y defensa. En febrero, la entidad incluso había anunciado que, además de la imputación, estudiaba una solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra Guerrero, aunque después desistió de esa pretensión tras la segunda inasistencia. Desde entonces, el expediente se convirtió en una de las derivaciones judiciales más sensibles del escándalo por presuntas credenciales irregulares en la Fundación San José.
El caso también se conecta con un debate más amplio sobre la expedición de títulos en esa institución. Reportes previos han indicado que la Fundación San José anuló el diploma de Juliana Guerrero al no encontrar trazas suficientes de actividad académica, mientras el Ministerio de Educación abrió actuaciones sobre presuntas irregularidades en esa universidad. A su vez, el escándalo ha sido alimentado por denuncias de congresistas y por revelaciones periodísticas sobre otros posibles casos similares dentro del sector público.
Por ahora, la noticia principal es el arranque formal de la imputación. La Fiscalía empezó a exponer, en audiencia pública, la secuencia de hechos con la que busca sostener que no se trató de un error documental aislado, sino de una actuación consciente para respaldar una aspiración en el Gobierno con títulos que no habrían sido obtenidos legalmente.
