El contratista, condenado por corrupción en el carrusel de la contratación de Bogotá y el escándalo de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque de Barranquilla tras cumplir más de siete años de prisión.
Emilio José Tapia Aldana, uno de los contratistas más mencionados de los grandes escándalos de corrupción en Colombia, quedó nuevamente en libertad en las últimas horas luego de una decisión judicial que le concedió el beneficio de libertad condicional. Tapia, condenado por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una orden emitida por un juzgado de ejecución de penas de esa ciudad.
Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, por lo cual se le concede el beneficio de libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.
La decisión fue adoptada por la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, quien consideró que Tapia cumplió el tiempo exigido por la ley para acceder al beneficio. De acuerdo con el documento judicial, el contratista completó 90 meses y 10 días de reclusión, lo que permitió otorgarle la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días, bajo condiciones que deberá cumplir estrictamente para no perder el beneficio.
Tapia Aldana es ampliamente conocido por su historial judicial y por haber sido protagonista de algunos de los mayores casos de corrupción administrativa en el país. Es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado por hechos que afectaron de manera directa recursos públicos destinados a obras de infraestructura y a programas de conectividad para comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales.
La nueva libertad de Tapia se produce en un contexto de idas y vueltas judiciales. El pasado 11 de abril de 2025, el empresario ya había obtenido un beneficio de libertad condicional; sin embargo, el 31 de octubre de ese mismo año fue recapturado luego de que el Juzgado 15 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar dicha libertad. En esa oportunidad, la decisión se ejecutó en un operativo conjunto entre la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, cuando Tapia se encontraba en la Clínica Altos del Prado, en Barranquilla, a donde había sido trasladado para recibir atención médica por un cuadro de hipertensión.
La revocatoria de la libertad condicional en octubre se dio tras acoger los argumentos de la Procuraduría General de la Nación, que sostuvo que Tapia no cumplía con los requisitos legales para mantener el beneficio. Según el órgano de control, persistían dudas sobre la reparación integral del daño causado al Estado, así como cuestionamientos frente a su proceso de resocialización, teniendo en cuenta su reincidencia en delitos contra la administración pública.
A pesar de ese antecedente, el nuevo pronunciamiento judicial permitió que Tapia recuperara su libertad, decisión que ha generado reacciones y reabierto el debate sobre la aplicación de beneficios penales en casos de corrupción de alto impacto. En diciembre de 2024, tras el escándalo de Centros Poblados, Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en un contrato que superaba el billón de pesos y que tenía como objetivo llevar internet a escuelas rurales del país.
El caso Centros Poblados marcó el regreso de Tapia al centro de la escena judicial y mediática. La Fiscalía estableció que el contratista fue uno de los cerebros detrás del entramado que permitió la adjudicación del contrato mediante la presentación de garantías bancarias falsas, entre ellas una póliza que supuestamente habría sido expedida por el Banco Itaú. Gracias a esa documentación irregular, se giró un anticipo cercano a los 70.000 millones de pesos, recursos que, según la investigación, fueron desviados a cuentas personales y de terceros.
Por estos hechos, Tapia aceptó cargos por delitos como peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento, y se comprometió a devolver parte de los dineros sustraídos. En diciembre de 2024, realizó pagos por más de 2.500 millones de pesos, dentro de un acuerdo de reparación que incluía la entrega de bienes ubicados en ciudades como Girardot y Medellín, aunque el total del detrimento patrimonial superó los 20.000 millones de pesos.
Antes de Centros Poblados, Tapia ya había sido condenado por su papel en el carrusel de la contratación de Bogotá, un entramado de corrupción que operó durante la administración del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas. Según la Fiscalía, Tapia actuó como intermediario entre empresarios y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), direccionando contratos a cambio de sobornos y comisiones ilegales. Por estos hechos, fue condenado entre 2016 y 2017 a penas que, acumuladas, sumaron más de 12 años de prisión por delitos como cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
La trayectoria judicial de Emilio Tapia ha estado marcada por constantes polémicas, beneficios penitenciarios y cuestionamientos al sistema carcelario. Durante su reclusión en La Picota, se denunciaron presuntas irregularidades como fiestas, consumo de licor y uso de celulares. Posteriormente, fue trasladado al Batallón de Ingenieros No. 2 del Ejército, en Malambo, Atlántico, decisión que también generó controversia por las condiciones de reclusión.
Con su nueva salida de prisión, Tapia queda en libertad condicional bajo un periodo de prueba que será vigilado por las autoridades.
