Eduardo Montealegre Lynett, actual El ministro de Justicia y del Derecho anunció que presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que es objeto de una “persecución disciplinaria” por parte de la Procuraduría General de la Nación.
El pronunciamiento se da días después de que la Procuraduría abriera una indagación previa disciplinaria en su contra por presunta intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales en un proceso penal del expresidente Álvaro Uribe en el que Montealegre figura como víctima.
Según el órgano de control, el ministro habría promovido mensajes de odio y difundido información falsa e inexacta de forma masiva, hechos que ahora están bajo verificación disciplinaria. La queja fue interpuesta por Uribe Vélez, quien es investigado en el proceso judicial al que hace referencia la Procuraduría.
El Procurador Gregorio Eljach en una rueda de prensa al respecto dijo: «La legitimidad de la democracia reposa en la legitimidad de los fallos judiciales. (…) Cuando los jueces hablan, los ciudadanos obedecemos«, afirmó el Procurador General Gregorio Eljach, tras la posible solicitud del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de pedirle a la CIDH protección para sus derechos fundamentales.
🔹 «Eso se lo enseñan a uno en la casa, no en la universidad», concluyó Eljach, llamando al respeto por las decisiones judiciales.
Montealegre denuncia persecución
En un comunicado, Montealegre explicó los motivos que lo llevaron a acudir ante el sistema interamericano de derechos humanos y denunció que las actuaciones del Ministerio Público buscan “amedrentar y silenciar voces críticas” dentro del debate público.
A continuación, el texto completo del comunicado a la opinión pública emitido por el ministro:
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA — EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Quiero informar a la ciudadanía que hoy presenté solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo es lograr la protección de mis derechos a la integridad psíquica y moral, a la libertad de expresión y a la igualdad ante la ley, tal como los reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En los últimos meses he recibido varias quejas disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación, dirigida por el Procurador General, Gregorio Eljach. Estas acciones se han usado como una forma de presión para limitar mi libertad de opinar sobre temas públicos y para apartarme de mis funciones.
Una de esas quejas fue presentada por Álvaro Uribe Vélez, luego de que, como ciudadano y víctima reconocida en un proceso penal, expresé públicamente mis opiniones sobre su caso. La otra fue presentada por Germán Calderón España, en nombre propio y como asesor del movimiento “Defensores de la Patria”, liderado por Abelardo de la Espriella, por supuesta participación en política. Dicha acusación surgió tras una entrevista que concedí a la revista Semana, en la que hablé sobre temas de interés nacional y sobre posibles candidaturas presidenciales que, según la ley, aún no están definidas porque no se encuentran en los plazos establecidos.
Llama la atención que el Procurador General de la Nación Eljach haya decidido abrir dos procesos disciplinarios en mi contra, los cuales resultan manifiestamente infundados e improcedentes. Lo anterior adquiere relevancia considerando que, en el año 2015, fue investigado por la Fiscalía General de la Nación, bajo mi dirección, por la presunta filtración de documentos reservados en el marco de un proceso que involucró al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, cuyo defensor fue Abelardo de la Espriella.
Con esta solicitud ante la CIDH busco que se garantice mi derecho a opinar libremente, sin miedo a represalias, y que no se use el poder disciplinario para amedrentar o silenciar voces críticas. La situación que enfrento no solo es personal, también afecta a todas las personas que están bajo el control disciplinario. Iniciar procesos sin fundamento genera miedo y lleva a la autocensura. Por eso, es necesario impedir que la Procuraduría o el Derecho Disciplinario se usen como herramientas para perseguir o castigar a las personas por expresar sus opiniones. Eduardo Montealegre Lynett
Contexto de la investigación disciplinaria
La Procuraduría General de la Nación informó que la Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó abrir indagación previa contra el ministro de Justicia por presunta intromisión indebida en la administración de justicia.
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El proceso surge de una denuncia presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que se acusa al ministro de difundir información falsa e inexacta y de promover mensajes de odio durante actuaciones judiciales en las que participa como víctima.
La Procuraduría indicó que el propósito de la investigación es determinar si Montealegre abusó de su posición como alto funcionario para incidir en procesos judiciales en curso o vulnerar la autonomía judicial mediante declaraciones públicas.
Por su parte, el ministro insiste en que las quejas tienen motivaciones políticas y que los procesos abiertos en su contra son infundados y contrarios a la libertad de expresión que ampara a los funcionarios públicos y a los ciudadanos.
Eduardo Montealegre, fue fiscal general de la Nación entre 2012 y 2016.
Redacción Judicial | Focus Noticias
