“El principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra”
Bogotá, 15 de noviembre de 2025. La Defensoría del Pueblo lanzó una fuerte advertencia tras confirmarse la muerte de seis niños, niñas y adolescentes en una operación militar en el departamento del Guaviare contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco. En el comunicado oficial, la entidad subrayó que “el principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra”, insistiendo en que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) fija límites estrictos incluso en contextos de hostilidades.
Según la Defensoría, en la operación se verificó el fallecimiento de seis menores víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar. La entidad reiteró que estos hechos “exigen reiterar que el Derecho Internacional Humanitario establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades”.
“Las Fuerzas Militares desarrollaron una operación en el Guaviare contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en la cual se confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar. Este hecho, profundamente lamentable, exige reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades.
Por lo anterior, en primer lugar, ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares. El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque.
Las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los NNA que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades¹, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez. Estos principios respaldados por la jurisprudencia internacional- obligan a evaluar cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios.
El principio de necesidad militar se predica también de los combatientes.
El organismo enfatizó que ningún menor reclutado debería resultar afectado por operaciones militares, aun cuando haya perdido el estatus de civil. Recordó que los niños y adolescentes forzados a participar en el conflicto conservan una protección reforzada basada en los principios de humanidad, necesidad, precaución y proporcionalidad.
En ese sentido, la entidad planteó un interrogante crítico: “¿Podían haberse empleado otras modalidades de operación militar capaces de alcanzar la misma ventaja militar con un daño significativamente menor?”
La Defensoría también subrayó que el reclutamiento forzado es un crimen de guerra y recae en las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) la responsabilidad originaria por la muerte de los menores. Sin embargo, advirtió que esto no libera a las fuerzas estatales de cumplir estrictamente los límites del DIH.
El comunicado cuestionó que los grupos armados utilicen la presencia de menores como escudos humanos, una práctica que calificó como “prohibida de forma categórica por el DIH”. No obstante, advirtió que el análisis no puede reducirse a un debate técnico sobre umbrales legales: la tragedia, dijo, revela el carácter inhumano de la guerra en Colombia.
La institución fue contundente al señalar que el DIH no puede interpretarse como una justificación para normalizar la fuerza letal: “Interpretar sus normas como autorizaciones tácitas para excederse sería contrario al principio de humanidad”.
Finalmente, la entidad recordó su mandato: “La Defensoría del Pueblo no es un organismo creado para certificar la ‘legitimidad’ de acciones de guerra, sino para rechazarlas y construir la paz.”
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