Defensoría del Pueblo advierte sobre baja ejecución del presupuesto destinado al sector agropecuario en Colombia

La Defensoría del Pueblo ha emitido un informe preocupante sobre la baja ejecución del presupuesto destinado al sector agropecuario en Colombia.

Según el análisis de la entidad de derechos humanos, entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2024, la ejecución del presupuesto de inversión en el sector agro y rural apenas alcanzó el 6,48%, a pesar de contar con una apropiación de $8 billones para el año en curso.

El informe señala que la Agencia Nacional de Tierras, con la mayor asignación presupuestal dentro del sector agropecuario ($4,9 billones), ha ejecutado solo el 3,83% de su presupuesto. La Agencia de Desarrollo Rural presenta una ejecución del 5,26%, mientras que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de la política pública agropecuaria, ha logrado una ejecución del 9,99%.

La Defensoría del Pueblo ha destacado la baja ejecución de tres proyectos de inversión cruciales:

  1. Incremento de la formalización de predios privados rurales: 23,42%
  2. Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural: 13,5%
  3. Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral: 1,95%

Estos proyectos son fundamentales para garantizar el acceso a tierras y la formalización de la propiedad rural, y los bajos niveles de ejecución reflejan una falta de efectividad en la principal apuesta gubernamental en materia agropecuaria.

Además, la entidad ha expresado su preocupación por la baja ejecución de proyectos destinados a la generación de ingresos para la población campesina y rural. Por ejemplo, el programa ‘Campo Emprende’ para el fortalecimiento cooperativo y asociativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) tiene una ejecución de apenas el 1%. Otros proyectos, como las alianzas para el fortalecimiento de la ACFC y el apoyo a la estructuración y cofinanciación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, también presentan bajos niveles de ejecución, con 3,01% y 6,41% respectivamente.

La Defensoría del Pueblo insiste en que el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional requiere un ritmo de ejecución presupuestal mucho más rápido. La implementación efectiva de programas y proyectos de inversión es esencial para enfrentar la pobreza en las zonas rurales y para cumplir con las metas del Gobierno en la compra, entrega y adjudicación de predios, así como en el desarrollo agroalimentario del campo.