Las denuncias surgieron luego de que varios legisladores de oposición liderados por David Luna, manifestaran haber sido víctimas de interceptaciones ilegales de sus comunicaciones. Además presuntas interceptaciones a periodistas.
Durante su intervención, Carlos Ramón Gonzáles negó categóricamente las acusaciones, asegurando que el gobierno no tiene ninguna política de interceptaciones contra miembros de la oposición. «No existen directrices ni operaciones que involucren la interceptación de comunicaciones de opositores políticos. Estas acusaciones son infundadas y carecen de pruebas concretas», declaró Gonzáles ante la comisión.
El director de la DNI argumentó que las operaciones de inteligencia del país están estrictamente reguladas y supervisadas para evitar abusos. También resaltó que cualquier acción de interceptación debe contar con la autorización judicial correspondiente, y que en los casos mencionados no se ha emitido ninguna orden de este tipo.
Por su parte, algunos miembros del partido de Gobierno manifestaron que «Es evidente que estas denuncias están diseñadas para generar desconfianza y desestabilizar la administración actual. Debemos ser cautelosos y no caer en tácticas de desinformación».
La Senadora María Fernanda Cabal, recordó el pasado de González “Yo como ciudadana siento terrible temor por su pasado y, además, porque usted sigue siendo el mismo activista y financiador multimillonario del Partido Verde, financiador también de la Colombia Humana con miles de millones de pesos”.
Gonzáles negó los señalamientos en su contra, del exdirector de la UNGRD Olmedo López y de Snyder Pinilla La Guajira.
“Yo tengo que decir que no tengo nada que ver con lo que dicen estas personas que ya se declararon culpables de unos delitos. Entonces podemos decir que son unos delincuentes tratando de salvarse enlodando a todo el mundo”, Carlos Ramón González.
Varios representantes de la oposición exigieron una investigación más profunda.
La sesión culminó con una resolución para la creación de una comisión investigadora que analizará las denuncias de interceptaciones. Esta comisión estará compuesta por representantes de diversas facciones políticas y contará con el apoyo de expertos en seguridad y derechos humanos.