Sala Penal dio concepto favorable por cargos de narcotráfico; el Gobierno deberá definir si entrega al jefe de ‘La Inmaculada’ requerido por una Corte en Texas
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, señalado como cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada, con base de operaciones en el norte del Valle del Cauca. El visto bueno judicial responde a una solicitud de Estados Unidos —concretamente de una Corte en Texas— por delitos de narcotráfico. Con este pronunciamiento, la última palabra la tiene el Presidente de la República, Gustavo Petro, quien deberá firmar (o no) la resolución que materializa el traslado del requerido.
La decisión de la Corte: fundamentos y alcance
De acuerdo con la ponencia del magistrado Gerson Chaverra, el alto tribunal encontró satisfechos los requisitos del instrumento de cooperación y las evidencias remitidas por autoridades estadounidenses —incluyendo reportes de agentes encubiertos y declaraciones juradas— que vinculan a Marín Silva con el envío de cocaína a territorio norteamericano a través de rutas que pasan por Panamá y México. En palabras de un agente identificado como Wenceslao Sosa, “MARÍN SILVA actuaba como director ejecutivo de La Inmaculada, lo que incluía la implementación y el logro de los objetivos de la organización. Esto incluía el transporte y la distribución de cargas de varios kilogramos de cocaína desde Colombia, pasando por Panamá y México, con distribución final a los Estados Unidos.”
La Corte aclaró que ni la condición de gestor de paz en trámite ni los acercamientos a eventuales mesas con el Gobierno alteran el marco jurídico de la cooperación: “Se trata de decisiones con carácter administrativo, por cuya razón la Corte no queda vinculada a ellas al emitir el concepto, pues no confieren inmunidad judicial ni constituyen excepción adicional al régimen de entrega.” Asimismo, precisó que no aplica la garantía de no extradición creada para exintegrantes de las FARC, por no corresponder al supuesto normativo.
Qué sigue: el trámite en Casa de Nariño
Con el concepto favorable, el expediente pasa al Ministerio de Justicia para la elaboración del proyecto de resolución y, posteriormente, al Despacho del Presidente Gustavo Petro, quien puede autorizar o negar la entrega. Antes de la firma, la defensa puede elevar solicitudes administrativas (p. ej., aplazamientos por razones humanitarias o de procesos internos), pero no reabren el análisis jurídico ya evacuado por la Corte. Una vez suscrita la resolución, se coordina con Cancillería y Fiscalía/INPEC la entrega material a U. S. Marshals en un punto convenido.
¿Quién es alias ‘Pipe Tuluá’?
Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, es identificado por autoridades colombianas y de EE. UU. como jefe de la organización La Inmaculada, señalada de articular fabricación, acopio, transporte y distribución de cocaína hacia Norteamérica. Las pesquisas estadounidenses afirman que el grupo emplea “lanchas rápidas, buques de carga, barcos pesqueros, embarcaciones sumergibles, aeronaves, semirremolques y vehículos de motor” para mover toneladas de estupefacientes desde laboratorios clandestinos en Colombia hasta Denver (Colorado) y Dallas (Texas), en coordinación con carteles mexicanos.
En Colombia, registros judiciales lo han vinculado a una amplia trama criminal. Según archivos de la Fiscalía conocidos en procesos previos, además de su condena a 30 años —asociada a su responsabilidad en 46 homicidios—, Marín registra múltiples anotaciones por homicidio, terrorismo, amenazas, constreñimiento ilegal, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo y concierto para delinquir agravado. Sobre él pesaban también órdenes de captura de Interpol.
Control desde prisión y alteración del orden público
Pese a su reclusión en La Picota (Bogotá), informes de inteligencia señalaron que mantenía capacidad de mando sobre la organización. De hecho, el 4 de junio, cuando fue trasladado en helicóptero a la Estación de Policía Los Mártires como paso del proceso de extradición (requerido el 22 de mayo), se desató una ola de violencia en Tuluá con vehículos incendiados, lo que obligó a la Alcaldía a decretar toque de queda. Actualmente permanece privado de la libertad en Bogotá a disposición de las autoridades competentes.
Las pruebas de EE. UU. y el rol de ‘La Inmaculada’
La documentación enviada por los fiscales federales describe a La Inmaculada como una red con “sofisticada logística” que “fabricaba, adquiría, almacenaba, transportaba y distribuía” droga al exterior, retornando ganancias mediante lavado y contrabando de dinero. En ese esquema, la dirección atribuida a Marín incluía coordinación con carteles mexicanos y el manejo de subordinados encargados de rutas y acopios. Para la Corte, ese acervo satisface el estándar de doble incriminación y suficiencia probatoria exigido en el trámite.
Claves del concepto y del proceso
- Delito requerido: narcotráfico (tráfico y distribución de cocaína hacia EE. UU.).
- Autoridad requirente: Corte federal en Texas (con apoyo de agentes encubiertos y declaraciones juradas).
- Decisión de la Corte: concepto favorable a la extradición.
- No aplica: garantía de no extradición para exFARC ni eventuales acercamientos administrativos de paz.
- Siguiente paso: firma presidencial de la resolución; el Presidente Gustavo Petro tiene la última palabra.
- Ejecución: coordinación interinstitucional (MinJusticia, Cancillería, Fiscalía/INPEC) para la entrega.
Reacciones y escenarios posibles
En el plano jurídico, la defensa podría solicitar medidas administrativas (salud, familia, procesos internos activos) o proponer cooperación judicial; no obstante, la extradición es una facultad discrecional del Ejecutivo enmarcada en tratados y la ley. De autorizarse, alias ‘Pipe Tuluá’ sería puesto a disposición de U. S. Marshals para responder en Texas por la conspiración de narcotráfico que le atribuyen.
“MARÍN SILVA actuaba como director ejecutivo de La Inmaculada […], lo que incluía el transporte y la distribución de cargas de varios kilogramos de cocaína desde Colombia, pasando por Panamá y México, con distribución final a los Estados Unidos.”
“Utiliza lanchas rápidas, buques de carga, barcos pesqueros, embarcaciones sumergibles, aeronaves, semirremolques, vehículos de motor y otros medios para transportar grandes cargamentos de cocaína.”
Lo que viene
La Casa de Nariño deberá definir si procede con la entrega. De firmarse, se activará el operativo de traslado en las próximas semanas; si no, el Gobierno deberá motivar su decisión en derecho. En paralelo, en Colombia permanecerán abiertos los procesos internos por las conductas que ya investiga la Fiscalía. Mientras tanto, el expediente ‘Pipe Tuluá’ se consolida como uno de los casos más sensibles de cooperación judicial reciente entre Colombia y Estados Unidos.