Bogotá, 21 de agosto de 2025 — La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el representante a la Cámara David Racero, del partido Pacto Histórico, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión, contemplado en el artículo 404 del Código Penal Colombiano.
La decisión fue adoptada por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien asumió el rol de instructor del caso y ordenó la práctica de pruebas en relación con presuntas irregularidades en el manejo de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista.
Los hechos materia de investigación
La Corte investiga si Racero habría utilizado indebidamente a miembros de su equipo legislativo para labores personales y comerciales ajenas a las funciones propias de su cargo como servidor público. Concretamente, los hechos estarían relacionados con el presunto uso de un funcionario de su despacho para cumplir tareas en un establecimiento comercial —un fruver de propiedad familiar— ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
En el expediente reposan pruebas documentales y audiovisuales, entre ellas, conversaciones de WhatsApp y mensajes de voz atribuidos al congresista, en los que se evidencia una posible instrucción directa a su conductor, Jhon Leonardo García Lara, para realizar compras y coordinar aspectos logísticos del negocio particular.
En uno de los audios, se escucha a Racero indicar el monto y los detalles de una transacción:
“Eh, Leonardo, no le entregue, porfa, la plata a don Nelson. Yo ya le entregué una que tenía aquí en el carro. Entregue 1 millón para la compra de mañana…”.
Estos elementos configuran, según la Corte, un posible indicio de que funcionarios adscritos a su UTL fueron utilizados para fines privados, lo que podría configurar el delito de concusión, que implica el aprovechamiento del cargo para exigir beneficios económicos o favores indebidos.
Recolección de pruebas y peticiones judiciales
Como parte de la investigación, el magistrado Reyes requirió a las empresas de telecomunicaciones Claro, Movistar, Tigo, ETB y Virgin Mobile que entreguen, en un plazo de tres días, los registros de llamadas y celdas telefónicas que permitan verificar la frecuencia y contenido de las comunicaciones entre Racero y su conductor entre los años 2020 y 2022.
A su vez, se solicitó a la DIJIN y al CTI de la Fiscalía General de la Nación la elaboración de un informe técnicopericial sobre la autenticidad de los mensajes filtrados a medios de comunicación, con el fin de confirmar su integridad y posible uso como prueba judicial válida.
Proceso paralelo en el Consejo de Estado
En un proceso paralelo, el Consejo de Estado también adelanta una demanda de pérdida de investidura contra el congresista, derivada de los mismos hechos.
El pasado 6 de agosto, el magistrado Freddy Ibarra Martínez citó a declarar a Jhon Leonardo García Lara, testigo clave en este caso, con el fin de esclarecer su vínculo funcional con Racero y las tareas que le eran encomendadas. El despacho, sin embargo, rechazó como medio probatorio los mensajes intercambiados por WhatsApp, al considerar que el sistema de cifrado de extremo a extremo impide que los operadores accedan a dichas comunicaciones, calificando el requerimiento como “abiertamente improcedente”.
Consecuencias legales
En caso de ser hallado responsable, David Racero podría enfrentar una pena privativa de la libertad entre 8 y 15 años, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para el delito de concusión. Además, podría ser objeto de pérdida de investidura, sanción que conlleva la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El representante Racero no se ha pronunciado oficialmente sobre esta decisión, aunque en intervenciones anteriores ha negado cualquier uso indebido de los recursos del Estado y ha calificado las denuncias como un intento de desprestigio político.
