La decisión devuelve el control de Sanitas a sus dueños, pero también plantea nuevas preguntas sobre el futuro de sus 5,7 millones de afiliados y el rumbo de otras intervenciones estatales.
¿Qué resolvió la Corte?
En la sentencia SU-277 de 2025, el alto tribunal dejó sin efecto tres resoluciones clave de la Supersalud:
- Resolución del 2 de abril de 2024, que ordenó la toma de posesión de Sanitas por un año.
- Resolución del 10 de abril de 2024, que la corrigió.
- Resolución del 1 de abril de 2025, que prorrogó la medida por otro año.
Al anular estos actos administrativos, la Corte amparó el derecho fundamental al debido proceso de EPS Sanitas, sus clínicas asociadas y su casa matriz Keralty S.A.S. En su fallo, los magistrados consideraron que la intervención fue impuesta sin respetar garantías mínimas, en un contexto que el grupo empresarial calificó como una “toma hostil” disfrazada de medida sanitaria.
¿Qué implica para Sanitas y sus afiliados?
Con esta decisión, Sanitas recupera el control total de sus operaciones. Es decir, la administración, las decisiones financieras, la estrategia médica y la atención a los usuarios dejan de estar en manos del Estado y vuelven a ser manejadas por la empresa privada.
¿Qué pasará con otras intervenciones?
El impacto del fallo podría ser aún más amplio. Al invalidar la intervención sobre Sanitas por falta de debido proceso, quedan en vilo otras medidas similares, como la intervención a la Nueva EPS, que cubre a más de 11 millones de colombianos. Analistas señalan que esto podría generar un efecto dominó jurídico y político.
Además, el caso podría influir en la billonaria demanda internacional que Keralty interpuso contra Colombia, por violación de tratados de inversión al considerar la intervención una forma de expropiación encubierta.
Una intervención bajo la lupa
La intervención original fue decretada por la Supersalud en abril de 2024 bajo el argumento de que Sanitas no estaba cumpliendo con funciones indelegables de aseguramiento y acumulaba deudas superiores a los 2 billones de pesos con prestadores de salud.
Sin embargo, los indicadores de la EPS se afectaron durante el año de administración estatal. Las quejas aumentaron un 19 %, pasando de 185.634 reclamos en 2023 a más de 221.000 en 2024. Solo en enero de este año, se registraron más de 23.000 PQRD (peticiones, quejas, reclamos y denuncias).
Incluso la Procuraduría General abrió una investigación contra el exsuperintendente Luis Carlos Leal, por posibles irregularidades durante el proceso, incluida la polémica designación de Duver Vargas como agente interventor.
Aunque la Corte anuló la intervención, nada impide que la Supersalud vuelva a intentarlo, esta vez cumpliendo el debido proceso.
Sanitas, por su parte, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Salud, la Supersalud y el gremio de las EPS, Acemi. Mientras tanto, los afiliados esperan que esta decisión se traduzca, por fin, en mejores tiempos de atención, más especialistas y menos trabas para acceder a tratamientos y medicamentos.
Claves del fallo
- Fecha de intervención: 2 de abril de 2024.
- Resoluciones anuladas: tres (abril 2024 y abril 2025).
- Usuarios afectados: 5,7 millones.
- Motivo del fallo: vulneración al debido proceso.
- Magistrado ponente: Juan Carlos Cortés González.
- Magistrado con salvamento de voto: Vladimir Fernández.
- Impacto potencial: otras EPS intervenidas y demandas
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