Este martes se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción que salpica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La diligencia judicial marca una etapa clave en el proceso, en la que las partes presentan y descubren las pruebas que serán debatidas en el eventual juicio.
Ortiz, quien permanece privada de la libertad desde 2024, enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. De acuerdo con la Fiscalía, la exfuncionaria habría participado en el traslado de millonarios sobornos destinados a altos dirigentes del Congreso, utilizando vehículos oficiales y aprovechando su cargo dentro del Gobierno.
Descubrimiento de pruebas y acusaciones
Durante la audiencia, la defensa de Ortiz inició el proceso de descubrimiento probatorio, mientras que la Fiscalía reiteró los argumentos expuestos desde la imputación. Según el ente acusador, la exconsejera habría actuado en coordinación con el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y con excongresistas para adelantar gestiones irregulares relacionadas con contratos públicos.
Las investigaciones señalan que los recursos habrían sido entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name Vásquez, y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, a cambio del direccionamiento de contratos para la compra de carrotanques destinados a La Guajira.
El origen del dinero
Según el expediente, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, Ortiz habría recibido una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo por parte de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirectivos de la UNGRD.
Un día después, la operación se habría repetido con otra suma igual, completando cerca de 3.000 millones de pesos, los cuales fueron transportados en vehículos oficiales hasta el norte de la capital para ser entregados, presuntamente, al senador Name. La Fiscalía sostiene que Ortiz tenía pleno conocimiento del origen público de los recursos y de su destino ilícito.
Posible condena y repercusiones políticas
De ser hallada culpable, la exfuncionaria podría enfrentar una pena superior a los 15 años de prisión. El caso ha generado un fuerte impacto político, debido a que Ortiz hizo parte del actual Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, y se desempeñó como enlace con las regiones.
Las autoridades consideran este proceso como una pieza clave dentro de la macroinvestigación por las irregularidades en la contratación de la UNGRD, uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en el país.
Próximas etapas
La audiencia preparatoria continuará en los próximos días y permitirá definir qué pruebas serán admitidas en el juicio. Según el cronograma judicial, el inicio formal del juzgamiento está previsto para el próximo 19 de noviembre.
Mientras tanto, la Fiscalía insiste en que cuenta con material probatorio suficiente para demostrar que Sandra Ortiz participó activamente en el traslado de recursos destinados al pago de coimas, en detrimento de programas sociales dirigidos a comunidades vulnerables del país.
Redacción | Información judicial