La Contraloría General de la República evidenció presuntas irregularidades por más de $3.765 millones en dos contratos ejecutados por la Gobernación del Magdalena con recursos del sector salud, provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) y el Fondo Local de Salud.
Uno de los hallazgos más graves corresponde al contrato CI-776-2023, suscrito entre la Gobernación y el Hospital Julio Méndez Barreneche por un valor de $4.362 millones. Según el informe de auditoría, las actividades realizadas no se ajustaron al anexo técnico contractual, sino a un documento paralelo sin validez legal. Además, no hay evidencia documental que respalde la adquisición, almacenamiento ni distribución de insumos médicos por más de $1.867 millones. Tampoco se aportaron los contratos del personal técnico vinculado ni los soportes financieros de las actividades ejecutadas.
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El segundo hallazgo se relaciona con el contrato PS-0991-2024, por $4.930 millones, también destinado al fortalecimiento de la salud pública. En este caso, se identificaron pagos por más de $1.898 millones en adquisición de equipos biomédicos y mejoramiento de infraestructura, sin contar con documentos que respalden esas operaciones. La propia Gobernación reconoció que los equipos fueron instalados directamente, sin pasar por los procedimientos de registro y control exigidos.
Ambos hallazgos fueron calificados con presunta incidencia fiscal y disciplinaria y serán trasladados a la Procuraduría General de la Nación para las investigaciones correspondientes.
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