Contraloría activa seguimiento especial a los recursos asignados al aUNGRD y al Decreto de Emergencia Económica, para la atención de los damnificados y la recuperación de los daños ocasionados por las intensas lluvias de las últimas semanas.
Frente al recrudecimiento de la temporada de lluvias que afecta a gran parte del territorio nacional, la Contraloría General de la República anunció la activación inmediata de un especial seguimiento a la ejecución de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia.
- Con base en el monitoreo de la Contraloría, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo reporta $1,69 billones disponibles y reservas presupuestales del 2025 cercanas a $1 billón, los cuales se pueden utilizar de forma inmediata, en la porción que no esté ya comprometida u obligada, realizando previamente y de común acuerdo con los contratistas, las modificaciones contractuales a que haya lugar.
- La Contraloría advirtió en 2023 a la UNGRD por la baja ejecución de recursos del Decreto 2113 de 2022 y ha mantenido un seguimiento estricto a su gestión fiscal, con 59 requerimientos formales realizados entre 2024 y 2025.
- La Contraloría hará seguimiento al paquete de medidas tributarias que se ejecutará en el marco de la implementación del nuevo Decreto de Emergencia, advirtiendo que cada recurso que se recaude deberá ser destinados única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y en este sentido la Contraloría verificará su recaudo, destinación y uso.
Esta decisión responde a inquietudes y denuncias ciudadanas y tiene como objetivo principal salvaguardar los recursos destinados a la atención de la emergencia, asegurando que las ayudas humanitarias y logísticas lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes las necesitan.
De acuerdo con la información requerida y suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), con corte al 6 de febrero de 2026 se registran 293 eventos asociados a la temporada de lluvias, con afectación en 24 departamentos y 188 municipios, donde se reporta 209.839 personas afectadas (51.979 familias), dejando 26 personas fallecidas, 9 heridos y 3 desaparecidos a nivel nacional.
Si bien la emergencia tiene alcance nacional, el análisis de los datos evidencia una desproporción significativa que ha encendido las alertas, dado que la intensidad de la temporada de lluvias en Córdoba ha llevado al colapso de la infraestructura de vivienda a niveles sin precedente. Las cifras oficiales indican que, de las 4.597 viviendas destruidas en toda Colombia, 4.298 se concentran en este departamento. A este escenario de devastación material se suman 4.023 viviendas afectadas, el lamentable registro de 5 personas fallecidas, 3 heridas y 2 desaparecidas en la región, así como la alerta roja en el Embalse de Urrá.
Ante la magnitud de esta catástrofe focalizada y la necesidad de asegurar que cada peso destinado a la reconstrucción y a la ayuda humanitaria sea efectivo, la Contraloría activó el mecanismo de Especial Seguimiento.
Acciones de control fiscal
Respecto de la necesidad de garantizar una pronta y adecuada inversión de los recursos asignados, la Contraloría hace notar que emitió ADVERTENCIA a la UNGRD a finales de 2023 por la muy baja ejecución de los recursos apropiados en virtud del Decreto 2113 de 2022 emitido para atender la situación de desastre nacional provocada por la intensa temporada de lluvias generada por el fenómeno de La Niña. Adicionalmente, ha venido haciendo un riguroso seguimiento a la gestión fiscal de la UNGRD durante la atención de emergencias y desastres, realizando 59 requerimientos formales durante los años 2024 y 2025.
En relación con las actuaciones adelantadas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General, durante el período 2011–2021, la Unidad adelantó 14 actuaciones vinculadas a eventos de ola invernal en municipios como Murindó (Antioquia); Barranquilla (Atlántico); El Guamo, Arjona, María La Baja y Remolino (Bolívar), las cuales derivaron en fallos con responsabilidad fiscal por una cuantía total de $6.223 millones.
Así mismo, entre 2022 y la fecha, se adelantan cinco (5) procesos de responsabilidad fiscal por un valor estimado de $62.389 millones, relacionados con hechos ocurridos en Puerto Boyacá, Tolima y la región de La Mojana, lo que evidencia la acción sostenida del control fiscal frente al uso de recursos públicos en contextos de atención de emergencias.
Monitoreo a paquete de medidas tributarias
Por otra parte, la Contraloría a través del monitoreo permanentemente a la ejecución de los recursos, para este caso, los asignados a la UNGRD, identificó que para la vigencia 2026 el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, tiene recursos disponibles por $1,69 billones de pesos y de otro lado cuenta adicionalmente con reservas presupuestales del 2025 cercanas a $1 billón dentro de lo cual pueden disponer de manera inmediata lo que no tengan comprometido u obligado y en el caso que de existir obligación previa lo que puedan disponer conforme a modificaciones contractuales de común acuerdo. Recursos con los cuales se podría ir atendiendo las necesidades de la emergencia invernal, entre tanto se implementa la Declaratoria de Emergencia por Desastre Natural del Gobierno Nacional y se puede contar con otros saldos presupuestales.
Igualmente, la Contraloría General hará seguimiento a los movimientos presupuestales y financieros que se realizarán para atender la crisis como también al paquete de medidas tributarias y económicas que se ejecutará en el marco de la implementación de este nuevo Decreto de Emergencia, advirtiendo que cada recurso que se recaude deberá ser destinados única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y en este sentido la Contraloría verificará su recaudo y destinación.
El cual consiste en un examen continuo y sistemático sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la emergencia y a la atención de desastres, mediante la recolección y análisis permanente de información, con el fin de comparar los resultados esperados con su avance y verificar en tiempo real el cumplimiento de los objetivos, contribuyendo a que el presupuesto asignado se ejecute de manera eficaz, oportuna y coherente, a fin de mitigar la emergencia.
Bajo este marco, la Contraloría General de la República ha desplegado las siguientes acciones de verificación en desarrollo del Especial Seguimiento:
- Requerimiento formal de información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sobre sobre el Plan de Acción Específico (PAE) diseñado para la atención de la emergencia y la recuperación de las afectaciones causadas por la intensificación de las lluvias.
- Articulación con los Comités Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para solicitar información de primera mano sobre el alcance de las afectaciones, los recursos de todos los niveles destinados a la atención y los cronogramas previstos para su ejecución.
- Participación en los Puestos de Mando Unificados -PMU y en las Salas de Crisis de los departamentos que han declarado la emergencia, para conocer directamente las decisiones adoptadas para la atención de la emergencia y las acciones de mitigación.
- Verificación en territorio, en coordinación con las Personerías municipales, veedurías ciudadanas y la comunidad afectada, a fin de identificar falencias en la atención, promover su corrección por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, y una contratación transparente y efectiva de los servicios y obras necesarias para superar la emergencia
De igual forma, con el apoyo de la comunidad y el trabajo de los Grupos de Participación Ciudadana de las Gerencias Departamentales de los territorios afectados, la Contraloría ha podido identificar:
- Que el mayor desafío en la atención de la emergencia es la coordinación de las acciones entre los municipios, los departamentos y la UNGRD, por lo que es necesario articular las actuaciones y garantizar la comunicación entre los actores.
- La entrega de ayudas humanitarias, aún no llega a la totalidad de los afectados y se reportan sectores que no han recibido los kits de alimentación.
- La gestión de los albergues, en los departamentos que han tenido que movilizar a las personas afectadas, ha sido eficiente. Así mismo, se asegura que las necesidades de salud, agua potable y saneamiento básico de las comunidades que no fueron reubicadas pero tienen los servicios suspendidos, estén cubiertas.
- Se ha conocido que hay municipios que no han reportado el listado de damnificados y afectados para el registro correspondiente ante la UNGRD, lo que dificulta establecer la dimensión de la emergencia en el territorio y la entrega efectiva de las ayudas humanitarias.
Atención a denuncias sobre entrega de ayudas
El ente de control invita a la comunidad en todo el territorio nacional a articularse con las acciones dispuestas por los Comités Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres y a reportar cualquier irregularidad relacionada con la entrega de ayudas humanitarias, la conformación de los censos de las personas afectadas, la disposición de maquinaria amarilla para las obras de mitigación y cualquier situación que afecte la adecuada atención de la emergencia.
Las denuncias y reportes podrán realizarse a través de los canales de atención de la Contraloría General de la República, entre ellos: la línea telefónica 199, la aplicación móvil CGR-COL, los medios electrónicos de la entidad y la atención presencial a través de las 31 gerencias departamentales colegiadas a nivel Nacional.
Finalmente, la Contraloría exhorta a los entes territoriales a mantener la rigurosidad y actualización del Registro Único de Damnificados (RUD), dado que la adecuada focalización de los recursos públicos depende directamente de la calidad de la información registrada y conmina al Gobierno Nacional a disponer de manera expedita los recursos que permitan atender de forma oportuna y eficaz la emergencia.
