La Contraloría General de la República advirtió graves incumplimientos en el sistema penitenciario y carcelario del país, tras realizar una auditoría de cumplimiento a la gestión fiscal del Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
El organismo de control estableció 119 hallazgos, de los cuales 15 son fiscales, por un valor de $78,4 mil millones, derivados del incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015, SU-122 de 2022 y en los Autos 1096 y 1745 de 2024, relacionadas con el Estado de Cosas Inconstitucional que persiste en las cárceles colombianas.
Obras inconclusas y cupos inhabilitados
Uno de los principales incumplimientos tiene que ver con proyectos de infraestructura carcelaria que debían estar terminados antes del 21 de abril de 2024. Las obras en Espinal, Itagüí, Barranquilla, Ipiales y Buga quedaron suspendidas, lo que ha dejado inhabilitados 4.783 cupos en los nuevos establecimientos de reclusión de Pereira y Sábanas de San Ángel, así como retrasos en la infraestructura modular de Itagüí y ampliaciones en Buga.
La Contraloría señaló hallazgos fiscales por deficiencias en el mantenimiento de calderas en La Picota, fallas en plantas de tratamiento de agua potable en Puerto Triunfo y Guaduas, bloqueos en proyectos de cupos penitenciarios y deterioro en obras complementarias como el portal de ingreso en La Paz, ranchos en El Barne y Guaduas, y cubiertas en Ipiales.
Alimentación y salud en crisis
En materia de alimentación, se detectó un hallazgo fiscal por $331 millones debido a equipos sin uso en el rancho de El Barne. Los auditores evidenciaron condiciones insalubres en cocinas, centros de producción de alimentos y vehículos de transporte, lo que representa un riesgo para la salud de las personas privadas de la libertad (PPL).
La situación en salud tampoco es alentadora: tres hallazgos fiscales por $64 millones corresponden a equipos biomédicos inoperativos en las cárceles La Modelo, La Picota y Buen Pastor de Bogotá. Además, persisten retrasos graves en consultas médicas, exámenes diagnósticos y entrega de medicamentos. Se encontraron 2.199 procedimientos pendientes y más de 4.124 órdenes de medicamentos represadas.
Centros de Detención Transitoria al límite
La Contraloría también alertó sobre las condiciones críticas en los Centros de Detención Transitoria (CDT), donde el hacinamiento alcanza niveles del 500 % en ciudades como Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga. En el país, más de 21 mil personas permanecen recluidas en estaciones de Policía, muchas de ellas condenadas, pese a las órdenes judiciales de trasladarlas a cárceles.
Las visitas realizadas mostraron que los CDT operan en espacios improvisados, sin infraestructura adecuada, sin programas de resocialización y con limitaciones para garantizar el acceso a la justicia. Se reportaron fallas en la conectividad, ausencia de equipos de cómputo para audiencias virtuales y deficiencias en la identificación de extranjeros detenidos.
Reincidencia y falta de programas de resocialización
El organismo de control concluyó que los programas de resocialización cubren apenas al 2 % de la población reclusa, mientras la tasa de reincidencia supera el 20 %. No existen indicadores de resultados claros sobre la efectividad de estas iniciativas, lo que perpetúa las falencias estructurales del sistema penitenciario.
Con este informe, la Contraloría vuelve a poner en evidencia que, a pesar de múltiples pronunciamientos judiciales y compromisos estatales, persisten graves incumplimientos en materia de infraestructura, salud, alimentación y acceso a la justicia en el sistema carcelario colombiano.