La Contraloría General de la República puso en evidencia serias irregularidades en la gestión de recursos públicos destinados a la protección de los arrecifes coralinos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Tras una Auditoría de Cumplimiento realizada a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de esta región, correspondiente a la vigencia 2023-2024, el ente de control determinó hallazgos fiscales por $4.642 millones, lo que deja al descubierto fallas estructurales en la planeación, ejecución y supervisión contractual.
Uno de los principales focos de atención se concentra en un contrato interadministrativo suscrito el 28 de noviembre de 2023 entre Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta), cuyo propósito era evaluar la afectación de los arrecifes coralinos por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo, así como adelantar la recolección de muestras para su recuperación. En este caso, la Contraloría estableció un hallazgo administrativo con connotación fiscal por $3.000 millones.
El informe revela que desde la etapa precontractual se presentaron falencias significativas. Los estudios previos no definieron con claridad las necesidades reales del proyecto, ni especificaron los materiales, equipos o condiciones logísticas requeridas. Por ejemplo, aunque se contemplaban costos asociados al uso de lanchas y operación logística, no se detalló el número de embarcaciones necesarias ni el alcance de dichas actividades. Tampoco se precisaron cantidades ni características técnicas de insumos clave como ungüentos y amoxicilina, fundamentales para el tratamiento de los corales afectados.
A esto se suman inconsistencias durante la ejecución del contrato. La Contraloría evidenció el pago de ítems que no fueron ejecutados o que carecen de soporte. Entre ellos, la contratación de biólogos que, pese a estar contemplada como obligación del contratista, terminó siendo asumida por la Corporación, sin que ello impidiera el desembolso de recursos. Asimismo, se identificó la inclusión de gastos no previstos en los estudios previos, como un vuelo y acomodación internacional (Bahamas – Archipiélago – Bahamas), lo que incrementó los costos sin justificación técnica clara.
En total, se detectaron pagos por $1.949 millones asociados a servicios con inconsistencias, lo que eleva a cerca de $3.000 millones el monto comprometido en ítems no ejecutados, no soportados o con irregularidades.
El balance general de la auditoría es preocupante: se configuraron 20 hallazgos administrativos, de los cuales 8 tienen incidencia fiscal por $4.642 millones, 15 podrían derivar en procesos disciplinarios y 2 tendrían posible alcance penal. No obstante, también se establecieron beneficios de auditoría por $107.178.362.
Para la Contraloría, estos resultados reflejan graves debilidades en los mecanismos de control y seguimiento, así como deficiencias en la administración de los recursos públicos, lo que impacta directamente el patrimonio del Estado. En ese sentido, el ente de control reiteró la importancia de fortalecer la vigilancia fiscal como herramienta clave para prevenir el detrimento patrimonial, garantizar la transparencia y asegurar que cada inversión pública cumpla efectivamente con su propósito de generar bienestar para la ciudadanía.