La Contraloría de Bogotá anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones, relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en el departamento de La Guajira.
La decisión se adoptó tras una indagación preliminar adelantada por el organismo de control, que evidenció presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto energético, el cual no logró avanzar conforme a las metas establecidas pese a la inversión de cuantiosos recursos.
De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, para marzo de 2022 el proyecto registraba un avance del 29,6 %, cifra inferior al 33,7 % que se tenía programado para esa fecha. Asimismo, se identificaron retrasos en los trámites de licenciamiento, situación que impactó el cronograma de ejecución y generó mayores costos.
El proyecto fue suspendido de manera indefinida en mayo de 2023 sin haber entrado en operación. Para ese momento, únicamente se habían construido 7 de las 41 cimentaciones previstas, mientras que los aerogeneradores requeridos para la generación de energía no habían sido instalados.
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La Contraloría señaló que los equipos adquiridos permanecen almacenados y no han sido utilizados dentro del proyecto, por lo que la inversión realizada no cumplió con la finalidad para la cual fue concebida.
Según el ente de control, la presunta afectación a los recursos públicos distritales se deriva de la participación que tiene el Distrito Capital en Enel Colombia S.A. E.S.P., empresa vinculada al desarrollo de la iniciativa.
Con la apertura del proceso fiscal, la entidad busca establecer si existió daño patrimonial al Estado e identificar las posibles responsabilidades de quienes participaron en la planeación, ejecución y toma de decisiones relacionadas con el proyecto.
“Estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido. Con este proceso fiscal buscamos establecer claramente lo ocurrido y las responsabilidades a que haya lugar”, afirmó el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo.
La investigación continuará en la etapa procesal correspondiente, donde se analizarán los elementos de prueba y las actuaciones de los presuntos responsables para determinar si procede el resarcimiento de los recursos públicos comprometidos.
