La Contraloría General de la República advirtió sobre el grave impacto fiscal que ha generado el incumplimiento en la entrega de viviendas a las familias damnificadas por la tragedia ocurrida en Mocoa en 2017.
La falta de soluciones definitivas ha obligado al Estado a mantener, durante años, el pago de subsidios de arrendamiento, inicialmente concebidos como medida temporal de alivio habitacional.
Según información suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre marzo de 2020 y la fecha, estos subsidios han representado un desembolso total de $16.502 millones. La Contraloría, por su parte, determinó un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $5.748 millones, vinculado a estos pagos, que seguirán incrementándose mientras persistan los incumplimientos en la ejecución del proyecto de vivienda.
El programa habitacional fue concebido en dos fases, Sauces I y Sauces II, con el compromiso de entregar 1.209 soluciones de vivienda a los hogares afectados por la avalancha. No obstante, los avances han sido insuficientes, especialmente en el proyecto Sauces II, que contaba con una asignación presupuestal de $99.566 millones para la construcción de 909 viviendas.
El análisis realizado por la Contraloría señala que el retraso se debe a deficiencias en la planeación inicial, modificaciones contractuales sin sustento técnico, falta de supervisión efectiva y dilaciones en los cronogramas de ejecución. Estas fallas han impedido que cientos de familias accedan a una solución habitacional definitiva, manteniéndolas en condición de vulnerabilidad y dependencia de un subsidio que ha perdido su carácter transitorio.
“Los subsidios de arrendamiento no son el problema en sí mismos. Se trata de una medida legítima de protección social, pero su uso prolongado, por la falta de cumplimiento en la entrega de las viviendas, los ha desnaturalizado, convirtiéndolos en una carga fiscal indefinida sin resultados concretos”, señaló la Contraloría.
La entidad de control también advirtió que esta situación afecta directamente la confianza ciudadana en las instituciones, al evidenciar la falta de eficacia del Estado en atender las promesas de reconstrucción. Asimismo, subraya que se está comprometiendo la eficiencia en el uso de los recursos públicos, al perpetuar medidas provisionales en lugar de soluciones estructurales que garanticen dignidad y estabilidad a las comunidades afectadas.
La Contraloría General de la República, a través de sus Delegadas para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico e Infraestructura, hizo un llamado a las autoridades responsables para que prioricen el cierre de los proyectos pendientes, garanticen la entrega efectiva de las viviendas y eviten que se siga profundizando un impacto fiscal evitable.
El caso de Mocoa se ha convertido en un ejemplo de cómo los retrasos institucionales pueden trascender del incumplimiento técnico a un perjuicio económico para el Estado, y sobre todo, en un incumplimiento grave con las víctimas de una tragedia que aún sigue sin resolverse plenamente.
