El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, expresó su preocupación ante el creciente impacto fiscal y operativo que genera la deuda del Gobierno nacional con las empresas de servicios públicos por concepto de subsidios de energía eléctrica y gas combustible.
Urgió al Ejecutivo a priorizar estos pagos para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios, especialmente a las poblaciones más vulnerables.
Durante una Mesa Técnica de Seguimiento Conjunto liderada por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, con participación del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se discutieron los principales riesgos derivados de los atrasos en los pagos, la falta de respaldo presupuestal y la creciente deuda acumulada con los comercializadores del sector.
De acuerdo con el Comité Intergremial de Energía y Gas, la deuda total del Estado y sus entidades oficiales por servicios públicos asciende a $7,6 billones, distribuidos así: $2,7 billones por subsidios de energía eléctrica, $3,3 billones por la opción tarifaria implementada durante la pandemia, $1 billón por deuda de usuarios oficiales y $628 mil millones por subsidios de gas combustible.
Aunque el Ministerio de Minas y Energía aseguró que el Gobierno nacional pagó $2,5 billones correspondientes a las deudas de 2024 y parte de 2025, y giró $564 mil millones a 76 empresas del sector gasífero, el Contralor advirtió que los subsidios del primer trimestre de 2025 aún no tienen respaldo presupuestal confirmado, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores y la continuidad de estos servicios esenciales.
“La ejecución oportuna de estos recursos debe programarse y garantizarse dentro de la misma vigencia fiscal, porque se trata de obligaciones periódicas y predecibles”, señaló el Contralor Rodríguez Becerra, al tiempo que llamó la atención sobre la necesidad de monitorear permanentemente las asignaciones y los pagos, para evitar la acumulación de obligaciones futuras.
En el encuentro también se abordó la situación financiera del fondo empresarial administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos, el cual ha sufrido un deterioro notable: de los $416.500 millones disponibles en marzo, hoy solo quedan $167.000 millones, mientras se enfrentan pasivos por $234.000 millones y obligaciones heredadas de empresas liquidadas como Electricaribe, cuyo déficit asciende a $2,2 billones.
En este contexto, se planteó la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación como una posible renta parafiscal, aunque se advirtió que esta opción requiere tiempo y trámite legislativo, mientras la deuda continúa en aumento.
Finalmente, el Contralor subrayó la importancia de evaluar las fórmulas tarifarias vigentes, incorporando criterios de eficiencia que permitan reducir gradualmente las tarifas y, en consecuencia, disminuir el volumen de subsidios requeridos.
“La ausencia de sistemas adecuados y de un seguimiento efectivo compromete la transparencia y la efectividad de los subsidios, elementos fundamentales para garantizar la equidad, calidad y sostenibilidad de los servicios públicos domiciliarios”, concluyó el jefe del ente de control.
