En sesión ordinaria, el Consejo Superior de Política Criminal analizó dos iniciativas legislativas: una que plantea reformar el régimen penal de adolescentes y otra que busca fortalecer la legítima defensa de las mujeres víctimas de violencia.
Tras la deliberación, el organismo asesor del Gobierno nacional emitió concepto negativo frente a la primera propuesta y manifestó su respaldo a la segunda, con recomendaciones de ajuste técnico.
La sesión, presidida por el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, reunió a representantes de las distintas ramas del poder público, quienes evaluaron proyectos con incidencia directa en la política criminal del país.
El principal punto de debate fue el Proyecto de Ley 025 de 2025 de la Cámara de Representantes, que propone que adolescentes entre 14 y 18 años, responsables de delitos graves, sean juzgados bajo las mismas normas que los adultos.
Frente a esta iniciativa, el Consejo Superior de Política Criminal emitió concepto desfavorable, al considerar que la propuesta desconoce la finalidad protectora, restaurativa y educativa del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, además de contradecir el principio de especialidad que rige el tratamiento a los menores infractores.
Aunque el pronunciamiento del Consejo no tiene carácter vinculante, constituye una orientación técnica y jurídica para el Congreso de la República, que será el encargado de decidir el futuro del proyecto.
Durante la misma sesión se analizó una segunda iniciativa legislativa, orientada a fortalecer la legítima defensa privilegiada para mujeres víctimas de violencia de género. Esta propuesta busca que las mujeres puedan invocar dicha figura jurídica en contextos de agresiones reiteradas. El Consejo reconoció su importancia, aunque recomendó ajustes desde la dogmática penal con el fin de optimizar su discusión en el Legislativo.
El presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, Francisco Bernate Ochoa, destacó la relevancia del debate:
“Hoy discutimos dos proyectos de gran impacto. Ratificamos nuestra postura de no apoyar que los menores sean juzgados como adultos; esa decisión será competencia del Congreso y, eventualmente, de la Corte Constitucional. En contraste, respaldamos la propuesta sobre legítima defensa de mujeres víctimas de violencia, sugiriendo algunos ajustes técnicos para fortalecer su trámite legislativo”.
Con estos conceptos, el Consejo Superior de Política Criminal —integrado por el ministro de Justicia y del Derecho, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la defensora del Pueblo, entre otros— reafirma su compromiso con una política criminal basada en los derechos humanos, la protección de los menores y la equidad de género.
