El Consejo de Estado negó la pérdida de investidura del representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, en el proceso conocido como el caso del “fruver”, en el que se le señalaba de presuntamente utilizar personal de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para atender asuntos privados. La decisión del alto tribunal, adoptada tras 18 meses de estudio, permite al congresista continuar en su curul, aunque el fallo aún puede ser apelado.
El alto tribunal rechazó tres demandas acumuladas que solicitaban la pérdida de investidura por presunta indebida destinación de recursos públicos y explotación laboral. Las acciones judiciales se basaban en denuncias difundidas desde 2024 y en pantallazos de conversaciones que, según los demandantes, evidenciaban pagos y solicitudes a un asesor para revisar cuentas de un supermercado familiar entre 2020 y 2021.
Falta de pruebas técnicas concluyentes
En la sentencia, el Consejo de Estado concluyó que las pruebas presentadas no demostraban de manera suficiente la configuración de la causal de pérdida de investidura. El fallo señala que “las capturas de pantalla por sí solas no tienen la suficiente entidad jurídico procesal para dar por acreditada la configuración o estructuración de la causal de desinvestidura”.
La corporación coincidió con el concepto del Ministerio Público sobre la debilidad probatoria de los pantallazos aportados. Según la Procuraduría, “la presentación de capturas de pantalla, impresiones o textos transcritos carece de valor probatorio técnico por sí sola, dado que este tipo de evidencias puede ser fácilmente manipulado o editado sin dejar trazabilidad forense verificable”.
El tribunal también indicó que no fue posible obtener un concepto técnico concluyente sobre las conversaciones sin el dispositivo original, sin una extracción forense o sin datos sobre la cadena de custodia del material. En ese sentido, la sentencia de 46 páginas sostuvo que no se logró demostrar que el congresista ordenara a un funcionario de su UTL atender negocios particulares.
“Por la sencilla pero suficiente razón de que no se demostró que el congresista demandado ordenara, solicitara o pidiera al servidor público (…) que atendiera negocios particulares”, concluyó la Sala.
Antecedentes del proceso
Las demandas surgieron tras publicaciones periodísticas que señalaban que Leonardo García, integrante de la UTL de Racero, habría colaborado en la revisión de cuentas de un supermercado familiar del congresista. Los demandantes argumentaban que esto constituía un uso indebido de recursos públicos.
Durante el trámite, el Consejo de Estado convocó a audiencia virtual para escuchar a las partes. La Procuraduría pidió mantener la investidura del parlamentario al considerar que las pruebas no acreditaban las irregularidades. La decisión final fue adoptada por cinco magistrados; uno de ellos dejó constancia de aclaración de voto.
Reacción de David Racero
Tras conocerse el fallo, Racero celebró la decisión y afirmó que la justicia desestimó las acusaciones en su contra. “El Consejo de Estado falló a mi favor. Después de un año y medio de investigación, determinó que yo no había empleado a ninguno de mis funcionarios de la UTL para que trabajasen en el fruver que tuve por allá en el 2020”, expresó.
El congresista aseguró que esperó el pronunciamiento judicial antes de responder públicamente a las acusaciones. “Fui prudente con la justicia, esperando justamente este momento en que los fallos empezaran a salir, para que quedara demostrado que yo no soy ningún explotador, que no violento a ningún trabajador, que he sido respetuoso con los recursos públicos, que no he cometido ningún acto ilegal”, afirmó.
También sostuvo que el caso se enmarcó en una campaña de desprestigio en su contra. Según dijo, se construyó “una narrativa violenta, mentirosa” y agregó: “Han pretendido destruir mi nombre”. El representante anunció que evalúa acciones legales contra quienes, en su criterio, lo han acusado de manera calumniosa.
“Voy a empezar a tomar medidas legales contra todos aquellos de oposición que de manera calumniosa y coordinada se refieren hacia mí como explotador de trabajadores”, señaló.
Próximos pasos
Aunque la decisión del Consejo de Estado permite a Racero continuar como congresista, el fallo puede ser apelado. Paralelamente, el representante enfrenta otras investigaciones en distintas instancias judiciales relacionadas con el mismo caso.
Por ahora, el alto tribunal concluyó que las pruebas presentadas en el proceso de pérdida de investidura no desvirtuaron la presunción de inocencia del congresista ni acreditaron el uso indebido de recursos públicos.
