El alto tribunal declaró la nulidad de lo actuado y se declaró sin competencia al concluir que la acción debía tramitarse como nulidad electoral.
El Consejo de Estado se pronuncio sobre la controversia jurídica que se había abierto en torno al nombramiento de Irene Vélez Torres como ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mediante una decisión adoptada el 11 de diciembre de 2025, la Sección Segunda del alto tribunal dejó sin efectos todo lo actuado dentro de la demanda que buscaba anular el Decreto 877 del 5 de agosto de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional formalizó su designación.
La decisión del alto tribunal
En su pronunciamiento, la Sección Segunda declaró la nulidad de las actuaciones surtidas dentro del proceso y se declaró sin competencia para continuar con el conocimiento del caso. El Consejo de Estado concluyó que la demanda fue presentada bajo un medio de control inadecuado, razón por la cual no podía ser tramitada como una acción de nulidad simple, como inicialmente se había admitido.
El alto tribunal explicó que, tras revisar de fondo la naturaleza del acto demandado, se estableció que el cuestionamiento debía encauzarse a través del medio de control de nulidad electoral, y no por la vía inicialmente escogida por la demandante. En consecuencia, la corporación revocó la admisión de la demanda y dejó sin efectos las actuaciones adelantadas.
Fundamentos jurídicos
En su argumentación, el Consejo de Estado recordó que existe jurisprudencia unificada sobre la competencia para conocer de las demandas dirigidas contra nombramientos de representantes legales de entidades públicas del orden nacional y de empleados públicos del nivel directivo o asesor. “Esta normativa fue interpretada por esta corporación y se unificó la jurisprudencia respecto de la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos para conocer de las demandas presentadas contra los nombramientos de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional y de los empleados públicos del nivel directivo, asesor o equivalentes en el orden nacional”, señaló el alto tribunal.
Con base en esa interpretación, se ordenó adecuar la demanda al medio de control de nulidad electoral y remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que será la encargada de continuar con el estudio del caso, si la accionante decide subsanar la vía procesal.
La demanda y los cuestionamientos
La acción judicial fue presentada por la ciudadana Ximena Echavarría Cardona, quien solicitó la nulidad del Decreto 877 de 2025 al considerar que Irene Vélez estaría incursa en un presunto conflicto de intereses que, a su juicio, le impediría ejercer el cargo de ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, el Consejo de Estado no se pronunció sobre el fondo de esas acusaciones, sino que limitó su decisión a un análisis estrictamente procesal, centrado en la competencia y en la correcta vía judicial para tramitar este tipo de controversias.
Efectos de la decisión
Con la declaratoria de nulidad de lo actuado y la decisión de declararse sin competencia, el Decreto 877 del 5 de agosto de 2025 permanece plenamente vigente. En consecuencia, Irene Vélez Torres continúa ejerciendo como ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin que exista, por ahora, una decisión judicial que afecte su designación.
¿Quién es Irene Velez?
Irene Vélez Torres nació en Bogotá el 2 de agosto de 1982. Es filósofa, magíster en Estudios Culturales y doctora en Geografía Política, con una trayectoria que integra el trabajo académico, el activismo social y la gestión pública. Antes de llegar al Gobierno nacional se desempeñó como docente e investigadora universitaria, centrando su labor en temas de justicia ambiental, conflictos socioambientales, extractivismo y análisis territorial.
En el ámbito político y administrativo, fue ministra de Minas y Energía entre el 11 de agosto de 2022 y el 18 de julio de 2023, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, periodo en el que impulsó la agenda de transición energética y un enfoque ambiental en la política minera, en medio de amplios debates y cuestionamientos. En abril de 2025 fue designada directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y, en julio del mismo año, asumió como ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cargo desde el cual continúa participando en la definición y ejecución de la política ambiental del país.
