El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido una decisión trascendental al negar la demanda presentada por la empresa petrolera estadounidense Hupecol contra Colombia.
La compañía buscaba una compensación de más de 100 mil millones de pesos después de que se le revocara la licencia ambiental para llevar a cabo exploraciones petroleras en una zona cercana a Caño Cristales.
La demanda se originó a raíz de la revocación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de la licencia ambiental para un proyecto de hidrocarburos en el Bloque Serranía, una zona de especial importancia ecosistémica ubicada en los municipios de La Macarena en el Meta y San Vicente del Caguán en el Caquetá, cerca de Caño Cristales.
La empresa petrolera buscaba la nulidad del acto administrativo de la ANLA que les impidió desarrollar el proyecto, argumentando que la revocación de la licencia causó graves pérdidas, solicitando una indemnización de más de 20 mil millones de pesos por daños y más de 12 millones de dólares por el costo de oportunidad perdido.
Por su parte, el Tribunal respaldó la posición de Colombia al destacar que las licencias ambientales tienen un carácter temporal y pueden ser modificadas por normativas posteriores, subordinadas al interés público. La zona en cuestión fue declarada de especial importancia ecosistémica, lo que motivó la revocación de la licencia para protegerla de posibles daños ambientales y desestimó sus pretensiones en una sentencia emitida el 1 de febrero de 2024, la cual no fue apelada por la parte demandante.
Ante esta decisión el Director de la Agencia Nacional Jurídica, Jhon Camargo dijo:
“Esta sentencia ratifica que las politicas del Gobierno en materia de protección ambiental y de desescalamiento gradual del modelo extractivista, son el camino para enfrentar el cambio climático. Además, evidencia que los intereses económicos no están por encima de los derechos ambientales y de la vida”
Por su parte, Rodrigo Negrete Montes, Director General de la ANLA, señaló que la decisión del tribunal constituye un precedente positivo para el Estado en términos de protección y conservación del medio ambiente. Además, resaltó que se evitó el pago de una condena que superaba los 100 mil millones de pesos que la empresa demandante reclamaba como perjuicios.
La defensa legal estuvo a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena. El fallo fue celebrado por las autoridades como un paso importante en la protección y conservación del medio ambiente, especialmente en áreas de gran valor ecológico como La Macarena.
Estado gana millonaria demanda ambiental y se protege a Caño Cristales.
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— ANLA (@ANLA_Col) April 1, 2024