El gobierno de Gustavo Petro ha emitido un tercer paquete de medidas dentro del Estado de Conmoción Interior para superar la crisis en el Catatumbo. Se trata de un conjunto de decretos que buscan frenar la creciente violencia, el narcotráfico y las consecuencias de la crisis humanitaria. Entre ellos, medidas que limitan el abastecimiento de combustibles, reorientan recursos para la paz y modifican el manejo de las regalías, entre otras acciones que, según el gobierno, son necesarias para restaurar la estabilidad en una región que ha sido escenario de décadas de conflicto.
El paquete, compuesto por siete decretos numerados del 131 al 137, abarca una serie de medidas que impactan directamente las dinámicas sociales, económicas y políticas del Catatumbo. A continuación, se destacan las decisiones más trascendentes.
Decreto 131: Regalías para la paz y la conservación
Uno de los decretos más relevantes es el que modifica la destinación de los recursos del sistema de regalías. Emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), este decreto permite que los fondos destinados a la región sean reorientados a proyectos de paz y conservación ambiental. En un contexto donde la violencia y la deforestación han marcado la agenda, el DNP ahora tiene la potestad de gestionar esos recursos para restaurar las condiciones ecológicas y sociales en Catatumbo. Sin embargo, esta flexibilidad también se extiende a las contrataciones, permitiendo al Ministerio de Ambiente disponer de estos fondos sin la necesidad de convocatorias públicas, lo que en tiempos de crisis se considera una herramienta para agilizar la ejecución de proyectos.
Decreto 132: Control sobre el abastecimiento de combustibles
La medida implica el control sobre la venta y distribución de combustibles en la zona. El gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, autoriza la posibilidad de suspender o limitar temporalmente el abastecimiento de combustibles líquidos y gas. Esta restricción responde a la identificación de desvíos de productos para la producción de drogas, una práctica que no solo desangra la economía local, sino que alimenta la violencia en la región.
Decreto 133: Uso del espectro radioeléctrico para entidades humanitarias
Otro de los decretos destaca el uso del espectro radioeléctrico para fines de socorro y seguridad nacional. El gobierno otorga permisos temporales para que organismos públicos y entidades humanitarias operen con mayor eficacia durante la conmoción interior. Este permiso solo será válido mientras dure la declaratoria de emergencia, lo que facilita la implementación de medidas de protección a la población afectada y la seguridad de los operativos humanitarios.
Decreto 135: Reorientación de rentas en Norte de Santander
El gobierno también ha otorgado a las autoridades locales la capacidad de modificar presupuestos y reorientar recursos para enfrentar la crisis. Los mandatarios de Norte de Santander y los municipios afectados podrán ajustar los recursos de destinación específica, lo que les permitirá flexibilizar el uso de los fondos públicos para atender las necesidades urgentes de la región, especialmente las derivadas de la conmoción interior.
Decreto 136: Cambios en el Sistema General de Participaciones
El Sistema General de Participaciones (SGP), tradicionalmente destinado para educación, salud y saneamiento, también sufre cambios. Durante la vigencia de la conmoción, los recursos que no estén comprometidos pueden ser utilizados para la atención de los efectos derivados de la crisis de seguridad, lo que abre un abanico de posibilidades para los gobernantes locales en términos de cómo y en qué invertir esos fondos.
Decreto 137: Protección de las víctimas y firmantes de paz
Finalmente, el decreto 137 pone énfasis en la protección de las víctimas de la violencia y los firmantes de paz en la región. Ante la continua amenaza de grupos armados ilegales, se ordena la adopción de medidas extraordinarias para salvaguardar a los más vulnerables, mediante acciones colectivas de protección y la cooperación de las comunidades afectadas.
Este paquete de decretos refleja la magnitud de la crisis en el Catatumbo, un territorio marcado por la violencia, la pobreza y la lucha entre actores armados que operan en la zona como el ELN y las disidencias de las FARC.
