La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro fue enviada a detención preventiva luego de comparecer por primera vez ante la justicia británica, horas después de recibir el alta de un centro de salud mental y ser detenida por la National Crime Agency, unidad encargada de los procesos de extradición en el Reino Unido. La decisión fue adoptada por una magistrada de la Corte de Westminster, que ordenó su traslado a la prisión HMP Thameside, mientras avanza el trámite para definir su eventual envío a Colombia.
La medida marca un avance en el proceso internacional que enfrenta Guzmán, señalada por la Fiscalía General de la Nación como principal sospechosa del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de 13 y 14 años en Bogotá y dejó secuelas en otros dos jóvenes.
Del alta médica al arresto formal
Tras ser rescatada el 17 de diciembre de las aguas del Río Támesis, Guzmán permaneció internada en un centro de salud mental de Londres. De acuerdo con fuentes judiciales, un dictamen médico concluyó que se encontraba apta física y psicológicamente para responder ante la justicia, lo que permitió reactivar los trámites que estaban suspendidos.
Con el alta médica, agentes de la National Crime Agency, en coordinación con Interpol, le notificaron la circular roja vigente desde octubre y procedieron a su traslado a la estación de policía de Islington. Desde allí fue presentada ante magistrados para su primera comparecencia judicial.
El periodista Juan Carlos Bejarano, aliado de Focus Noticias en el Reino Unido, relató que el centro psiquiátrico al que fue remitida es un lugar de evaluación clínica previa, donde los médicos determinan si una persona puede enfrentar un proceso judicial. “Una vez certificada su aptitud, el protocolo indica el traslado inmediato a custodia policial y la activación del trámite de extradición”, explicó.
La primera audiencia: Guzmán no aceptó su extradición
En la primera audiencia ante la Corte de Westminster, la magistrada a cargo verificó la identidad de la requerida y le formuló la pregunta central de esta etapa: si aceptaba voluntariamente ser extraditada a Colombia. Zulma Guzmán respondió que no.
Esa negativa, aclararon fuentes judiciales, no detiene el proceso, pero sí lo extiende y abre una fase probatoria y de alegatos que puede durar entre ocho meses y un año, además porque se debe hacer una seguimiento del tema siquiatrico. “En esta diligencia inicial solo se preguntan datos de identificación y la voluntad de aceptar o no la extradición”, explicó Bejarano. “A partir de la oposición, el caso entra en un trámite más largo y técnico”. que podría durar más de ocho meses.
Detención preventiva en HMP Thameside
Concluida la diligencia, la magistrada Sara ordenó detención preventiva y dispuso el traslado de Guzmán a HMP Thameside, una prisión privada de categoría B ubicada en Thamesmead, al sureste de Londres, a aproximadamente una hora del centro de la ciudad. El establecimiento tiene capacidad para cerca de 450 mujeres y, según fuentes penitenciarias, suele albergar internas sin perfil criminal de alta peligrosidad, incluidas personas sujetas a procesos de extradición.
La decisión busca asegurar su comparecencia a las próximas audiencias y evitar riesgos de fuga mientras se define el curso del trámite. Este caso es conocido por la prensa britanica como «la asesina de las frambuesas».
Próximas audiencias y tiempos del proceso de extradición
La segunda audiencia quedó programada para el lunes 12 de enero, fecha en la que el tribunal organizará el calendario del proceso y escuchará los primeros planteamientos de la defensa. Además, ya fue fijada otra diligencia para el 9 de febrero, lo que confirma que no habrá un traslado inmediato a Colombia.
Fuentes consultadas indicaron que la defensa intentará prolongar su permanencia en Londres, estrategia habitual en procesos de extradición complejos. En este contexto, Bejarano advirtió sobre el alto costo de la representación legal en el Reino Unido: “Los abogados cobran por hora y los honorarios pueden rondar 1.000 libras esterlinas por hora, cerca de cinco millones de pesos colombianos”.
Defensa en dos frentes: Reino Unido y Colombia
De manera paralela, Guzmán contrató abogados en el Reino Unido para enfrentar el trámite de extradición y designó un abogado en Colombia, que la representará ante la Fiscalía. La estrategia busca coordinar ambos escenarios y preparar el terreno para una eventual comparecencia ante jueces colombianos.
La Fiscalía General de la Nación, aunque tiene listo el expediente, esperará a que Guzmán llegue extraditada para realizar la audiencia de imputación de cargos, descartando por ahora la imputación como persona ausente.
El origen del caso y nuevas líneas de investigación
El proceso se remonta al 3 de abril de 2025, cuando dos menores consumieron frambuesas cubiertas con chocolate que llegaron como obsequio a un apartamento del norte de Bogotá. Horas después, ambas colapsaron y fallecieron tras varios días de hospitalización. Los análisis confirmaron talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e insaboro.
La Fiscalía sostiene que Guzmán habría actuado como determinadora del envenenamiento, presuntamente motivada por una disputa personal tras el fin de una relación sentimental extramatrimonial con el padre de una de las víctimas. Para los investigadores, la coincidencia del veneno, el entorno familiar y la secuencia temporal apuntan a un plan deliberado.
Focus Noticias confirmó, además, la apertura de una investigación por la muerte de Alicia Graham, madre de una de las menores fallecidas. Aunque su deceso se atribuyó a cáncer en 2021, en el expediente consta que en dos ocasiones se hallaron rastros de talio en su organismo: una durante la pandemia y otra tras regresar de un viaje a Europa.
Lo que viene
Con Guzmán recluida preventivamente y el proceso de extradición en marcha, el caso entra en una fase decisiva. Si el Reino Unido autoriza la entrega, la empresaria será trasladada a Colombia para comparecer ante un juez penal, donde se formalizará la imputación por homicidio agravado y otros delitos asociados. De ser hallada culpable, podría enfrentar penas de 40 a 50 años de prisión.
Por la gravedad de los hechos, el uso de una sustancia poco común y la dimensión internacional del trámite, el expediente es considerado uno de los procesos penales más complejos y sensibles de los últimos años en Colombia.
