El capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales fueron declarados culpables por fraude procesal, falsedad ideológica y violación ilícita de comunicaciones. La defensa anunció apelación.
El Juzgado 53 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó en primera instancia al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero Jhon Fredy Morales por su participación en las interceptaciones ilegales realizadas en 2023 contra Marelbys Meza, exniñera de la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia.
Según la sentencia, Correa recibió una pena de 136 meses de prisión (11 años y cuatro meses), mientras que Morales fue condenado a 146 meses de cárcel (12 años y dos meses). Ambos quedaron además inhabilitados para ejercer cargos públicos y deberán pagar multas superiores a 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Los hechos probados
La jueza determinó que los uniformados redactaron y manipularon documentos oficiales con información falsa para justificar ante la Fiscalía y jueces del Chocó la interceptación telefónica de Meza y de Fabiola Perea, también exempleada de Sarabia.
La manipulación documental permitió incluir a ambas mujeres en informes de inteligencia bajo los supuestos alias de “La Madrina” y “La Cocinera”, presentándolas como presuntas integrantes del Clan del Golfo, pese a no existir evidencia real de ese vínculo.
Según la jueza, “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente”.
Afirmó que los informes “presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, cuando la realidad evidenció que eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.
De acuerdo con la Fiscalía, estos reportes falsos permitieron que un fiscal del Chocó autorizara la intervención de las comunicaciones, solicitada inicialmente como parte de una pesquisa por la desaparición de una maleta con dinero en el apartamento de Sarabia en enero de 2023.
El rol de los condenados
Las investigaciones revelaron que los acusados habrían modificado oficios desde Medellín con el fin de engañar a funcionarios judiciales y justificar la operación. Paralelamente, desde Bogotá se insistió ante otra fiscal en la necesidad de intervenir las líneas telefónicas de Meza, argumentando contradicciones frente a lo dicho por la jefe de seguridad de Sarabia, la teniente Sandy Alvernia.
Por estos mismos hechos ya habían sido sentenciados, mediante preacuerdos, los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Cañizales, quienes colaboraron con la justicia.
Testimonio de Marelbys Meza
Durante la audiencia, Meza describió los efectos personales y laborales que le dejó la interceptación ilegal y recordó que también fue sometida a una prueba de polígrafo que es objeto de investigación adicional.
“Acepté el polígrafo para aclarar todo y volver a trabajar. Nunca pensé que terminaría siendo víctima de un montaje”, aseguró.
Relató además que sufrió presiones psicológicas durante el procedimiento y señaló que su vida “cambió por completo” luego de las acusaciones.
La Fiscalía sostuvo que el propósito de las interceptaciones ilegales era esclarecer el supuesto hurto del dinero, aunque no se hallaron elementos probatorios que vincularan a Meza o a Perea con los hechos.
El fallo se produce en el marco del proceso “chuzadas a Marelbys”, caso que sacudió al Gobierno cuando se conoció que, tras el presunto robo, se ordenaron procedimientos irregulares contra la exniñera de Sarabia.
Además del componente de interceptaciones, la justicia investiga el uso de prueba de polígrafo a la que fue sometida Meza. Entre los vinculados a ese procedimiento figuran el coronel Carlos Feria, Elkin Augusto Gómez y Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.
La defensa de los condenados anunció apelación, por lo que la decisión no está en firme.
Lo que viene
Con la apelación presentada por los abogados, el caso pasará a estudio de un juez de segunda instancia. Paralelamente, continúan en curso las investigaciones por el uso del polígrafo y por presuntas presiones indebidas contra Meza.
