La audiencia preparatoria ante el Juzgado Especializado de Barranquilla, presidida por el juez Hugo Junior Carbonó, retoma el centro de atención en el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esta fase del proceso marca un punto crucial en la estrategia tanto de la Fiscalía como de la defensa, sobre las pruebas que se están presentando para sustentar la acusación.
Nicolás Petro se encuentra conectado de manera virtual a la audiencia.
La jornada, que inició con la Fiscalía solicitando la admisión de las pruebas que se utilizarán en el juicio, se centra en la meticulosa exposición de pruebas probatorias que buscan consolidar la acusación. La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, de la Dirección de Lavado de Activos, continúa detallando los elementos de prueba como estados financieros, tiquetes aéreos, copias de seguridad de los teléfonos celulares, testimonios, declaración de Daysuris Vásquez y otros documentos que se han recabado durante la investigación, haciendo hincapié en los aspectos más relevantes que vinculan a Nicolás Petro con los delitos de los que se le acusa.
Uno de los puntos más destacados en la exposición es la vinculación de pagos en efectivo relacionados con varias propiedades, como el caso de la compra de un vehículo. La fiscalía intenta demostrar que dichos pagos no solo son irregulares, sino que también constituyen una prueba de la existencia de un incremento patrimonial injustificado que no se corresponde con los ingresos reportados por el exdiputado y su entorno cercano. Específicamente, el análisis financiero de Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez, tiene como objetivo esclarecer si el patrimonio del acusado creció de manera desproporcionada entre 2018 y 2022, un período clave para las acusaciones.
La defensa, por su parte, en la audiencia anterior presentó las pruebas que considera pertinentes para refutar las imputaciones de la Fiscalía. A través de su abogado, Alejandro Carranza, Nicolás Petro ha solicitado que se tomen en cuenta declaraciones de personajes de alto perfil, incluidos figuras del ámbito político y empresarial como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, También se encuentran los testimonios de la exvicefiscal general Martha Mancera y el fiscal Mario Andrés Burgos. La defensa tiene como objetivo cuestionar tanto la imparcialidad de la Fiscalía como las posibles falencias en la recolección de pruebas, lo que podría influir en la dirección del caso.
Siga en directo la audiencia y el análisis del caso de Nicolás Petro con abogados penalistas aquí:
Parte 1
Parte 2
En cuanto a los vínculos financieros que se están explorando, también sobresale el nombre de Gabriel Hilsaca, hijo del conocido empresario «El Turco Hilsaca», y las conexiones de Nicolás Petro con Samuel Santander Lopesierra, alias «El Hombre Marlboro», quien presuntamente habría entregado más de 1.050 millones de pesos.
El proceso también ha sacado a la luz otros testimonios significativos, como el de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, quien ha sido citada por la Fiscalía. Ojeda ha sido relacionada con varias transacciones financieras, incluyendo facturas y contratos relacionados con el arriendo de un penthouse en Barranquilla. La Fiscalía sostiene que estos elementos prueban la expansión económica de Nicolás Petro de manera no justificada.
La Fiscalia pidió a la Registraduria información sobre la familia de Nicolás Petro sus hermanos e incluso su padre, el presidente Gustavo Petro «Esto con el fin de comprobar si Nicolás y Day Vásquez pusieron bienes a nombres de estas personas, algunos adquiridos con dineros al parecer de procedencia ilícita», dijo la fiscal Lucy Laborde.
En la diligencia del día lunes el juez Carbonó preguntó a Nicolás Petro si aceptaba los cargos. Petro respondió tajantemente: «No acepto cargos, soy inocente». Esta declaración marca un punto álgido en el proceso, pues implica que el caso continuará en la siguiente etapa, donde se definirán las fechas del juicio.
El caso sigue estando bajo la lupa de la opinión pública, que espera conocer los detalles de los acuerdos financieros, las posibles implicaciones políticas y, sobre todo, el desenlace de un proceso que involucra a uno de los nombres más polémicos del panorama político colombiano.
La audiencia continuará los días 11, 12 y 13 de febrero.
