La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López ‘El Pastuso’; Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto por el escándalo de corrupción de los carrotanques en La Guajira. La audiencia fue programada para el próximo 14 de enero, donde se espera que se presenten los preacuerdos a los que llegaron los principales implicados con el ente investigador.
El ente acusador presentará las pruebas por el saqueo de la @UNGRD.
El documento de 184 folios describe los detalles del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres.
El caso
Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aceptó su responsabilidad en un esquema de corrupción que direccionó contratos por 228.000 millones de pesos. En un preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación, López se declaró culpable de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
Además de López, los exfuncionarios Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez también admitieron su participación en el entramado. Según las investigaciones, el dinero desviado habría sido utilizado para financiar reformas impulsadas en el Congreso por el Gobierno. Entre los beneficiados también figuran el contratista Luis Eduardo López, conocido como «el Pastuso», y el abogado Édgar Riveros.
El ente de control imputó a Olmedo López y Sneyder Pinilla por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ambos exfuncionarios, que han aceptado colaborar con la justicia a cambio de beneficios penales, han aportado detalles sobre el funcionamiento interno de la red de corrupción que, según sus testimonios, involucraría a altos funcionarios y congresistas.
La Fiscalía General de la Nación suscribió preacuerdos, que establecen condenas, con los primeros seis involucrados en la investigación penal que se sigue por los hechos de corrupción, descubiertos este año, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).