
La solicitud de Colombia se basa en la premisa de que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud, y que, por el contrario, podría tener aplicaciones industriales útiles, como fertilizantes o ingredientes en bebidas. Según Sarabia, «solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial«.
En su discurso, Sarabia fue enfática al aclarar que este pedido no implica, bajo ninguna circunstancia, la legalización de la cocaína. «No nos estamos doblegando ante el narcotráfico», aseguró, destacando que Colombia mantiene su firme compromiso con la erradicación de cultivos ilícitos y la interdicción de drogas. Sin embargo, la canciller resaltó que el modelo actual, que ha predominado durante décadas, no ha logrado los resultados esperados: el consumo, la producción y el tráfico de drogas continúan siendo problemáticas graves, tanto a nivel nacional como internacional.
Un giro en la estrategia de lucha contra las drogas
La propuesta de Colombia tiene dos componentes fundamentales: por un lado, la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas y, por otro, el fomento de alternativas económicas para las comunidades que viven bajo el flagelo del narcotráfico. Estas regiones, como el Catatumbo y el Cañón del Micay, han sufrido durante años el impacto de la violencia y el abandono estatal, alimentado en gran parte por la industria de las drogas.
El gobierno colombiano, bajo la administración de Gustavo Petro, ha insistido en la necesidad de crear opciones productivas, como el cultivo de cacao y café, que permitan a estas comunidades salir de la espiral de pobreza y violencia. Sarabia explicó que Colombia está comprometida con la erradicación de cultivos ilícitos y con la construcción de alternativas que permitan mejorar la calidad de vida de los campesinos afectados.
La importancia de la ciencia en la toma de decisiones
Uno de los elementos clave en la propuesta colombiana es el respaldo científico. El Gobierno está trabajando de la mano con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que actualmente lleva a cabo un estudio sobre los efectos de la hoja de coca. Este análisis podría ser crucial para la decisión de la ONU, pues evaluará si la hoja de coca puede considerarse una sustancia no perjudicial para la salud y si existen usos industriales potenciales que puedan transformar su rol en la economía global.
Sarabia destacó que los resultados de este estudio, que se espera sean presentados en octubre, podrían incidir en la votación sobre la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas. De ser favorable, esta medida podría abrir un camino para un modelo más equilibrado y menos punitivo en la lucha contra las drogas, basado en la evidencia científica.
El desafío de la comunidad internacional
Aunque la propuesta cuenta con el respaldo de algunos países aliados, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sabe que será crucial ganar el apoyo de más naciones para que la iniciativa tenga éxito en la ONU. En su intervención, en la versión 68 de la Asamblea de la Comisión de Estupefacientes de la ONUSarabia también subrayó la importancia de reformar el régimen global de drogas, asegurando que «reformar no significa normalizar el narcotráfico, sino dotarnos de herramientas más eficaces para combatirlo«.
Para Colombia, este es un momento decisivo. La ministra resaltó que la violencia, el narcotráfico y la pobreza han frenado el desarrollo del país, afectando gravemente a las comunidades rurales y al ecosistema, especialmente la Amazonía. «No podemos seguir repitiendo los errores del pasado», concluyó Sarabia, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se construya un modelo más efectivo, humano y justo en la lucha contra las drogas.