
Nuevo Belén de Bajirá, Chocó – 25 de septiembre de 2025. En una jornada que busca fortalecer el diálogo territorial en torno a la construcción de paz en Colombia, el municipio de Nuevo Belén de Bajirá, ubicado en el departamento del Chocó, será sede de una audiencia pública que reunirá a autoridades nacionales, líderes sociales, víctimas del conflicto y ciudadanos, con el propósito de discutir el Proyecto de Ley del Marco Jurídico para la Paz Total y la Seguridad Ciudadana.
Este espacio, convocado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en articulación con la Cámara de Representantes, cobra especial relevancia en el marco de la preparación del primer debate del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara, y se inscribe en la ruta de participación ciudadana que impulsa el Gobierno Nacional para garantizar un enfoque plural, incluyente y descentralizado en las decisiones sobre el futuro del país.
Nuevo Belén de Bajira es el municipio más joven de Colombia (municipio 1.104) creado mediante la Ordenanza 180 del 27 de junio de 2023, de la Asamblea Departamental de Chocó. En junio de 2024 eligió como su primer alcalde a Leopoldino Perea Caicedo
Una audiencia con enfoque regional y participativo
La audiencia se llevará a cabo este viernes 10 de octubre, a las 9:00 am en el auditorio del Hotel Samanthy y será transmitida en vivo a través de las redes sociales del Ministerio de Justicia, el Canal Focus Noticias y el Canal de la Cámara de Representantes.
El evento se desarrollará en Chocó en Belén de Bajirá, pone en primer plano las voces de comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado, el abandono estatal y la violencia de actores ilegales.
En Bajira estarán presentes funcionarios del Ministerio de Justicia, en representación del Congreso asistirán los Representantes a la Cámara James Hermenegildo Mosquera Torres, ponente del proyecto y Astrid Sánchez Montes de Oca, junto a organizaciones sociales que han seguido de cerca los debates sobre paz y seguridad.
¿Qué propone el Marco Jurídico para la Paz Total?
El Marco Jurídico para la Paz Total y la Seguridad Ciudadana, radicado por el Ministerio de Justicia el pasado 20 de julio de 2025, es una iniciativa legislativa que busca establecer un marco normativo integral para permitir la desmovilización, sometimiento, desarme y reintegración de grupos armados ilegales, al tiempo que garantiza justicia para las víctimas y la no repetición de hechos violentos.
El proyecto se estructura sobre cuatro ejes fundamentales:
- Justicia con garantías, sin impunidad.
- Reconocimiento y reparación de los derechos de las víctimas.
- Transformación territorial en zonas afectadas por el conflicto.
- Reintegración efectiva de los actores armados a la vida civil.
Según el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el país no puede seguir actuando bajo marcos jurídicos dispersos. Esta ley, explicó, es una herramienta para enfrentar el crimen organizado y el conflicto armado con criterios claros, coherentes y con enfoque humanitario, sin caer en concesiones que debiliten la justicia.
“Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”, puntualizó el Ministro.
Tratamiento diferencial según el tipo de grupo armado
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque diferenciado para los distintos actores armados ilegales:
- A grupos con carácter político como el ELN y las disidencias de las antiguas FARC, se les reconocerá esta condición para avanzar en negociaciones de paz, bajo supervisión y criterios de cumplimiento.
- A estructuras criminales como el Clan del Golfo, se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con beneficios jurídicos condicionados a su colaboración efectiva, entrega de armas, contribución a la verdad y reparación de las víctimas.
Montealegre recalcó que no todos los grupos serán tratados igual y que los beneficios estarán condicionados al cumplimiento verificable de compromisos: dejar la violencia, reparar a las víctimas, contar la verdad y comprometerse con la reintegración.
Importancia de Belén de Bajirá en el contexto del debate
La elección de Belén de Bajirá como uno de los focos del diálogo no es fortuita. Este municipio, creado oficialmente en noviembre de 2022 tras años de disputa territorial entre Antioquia y Chocó, es símbolo de resistencia y territorio clave por su ubicación estratégica en la región del Urabá chocoano, rica en recursos naturales pero marcada por la presencia histórica de grupos armados ilegales como las FARC y las AUC.
Con una población cercana a los 27.000 habitantes, Belén de Bajirá ha sido una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado y la exclusión estatal. A pesar de su riqueza en oro, cobre, níquel, petróleo, palma de aceite, cacao y plátano, el municipio enfrenta altos índices de pobreza y vulnerabilidad social.
En palabras de líderes locales, participar en este tipo de escenarios permite que las regiones más afectadas por la guerra tengan un papel activo en la construcción de soluciones duraderas.
“Este tipo de audiencias son una oportunidad para que el país escuche lo que realmente pasa en territorios como el nuestro. Si se va a hablar de paz, hay que hacerlo desde donde más se ha sufrido la guerra”, señaló una lideresa comunitaria bajirense.
Una ley para consolidar la paz con justicia
El Proyecto de Ley de la Paz Total ya fue avalado por el Consejo Superior de Política Criminal y será próximamente debatido en la Comisión Primera de la Cámara. Sin embargo, el Gobierno insiste en que su diseño final debe recoger los aportes y preocupaciones de los ciudadanos, especialmente de las víctimas.
Con este marco legal, el Estado busca corregir la fragmentación de normas vigentes, facilitar la acción efectiva de fiscales y jueces, y ofrecer rutas claras tanto para el desmantelamiento de estructuras armadas como para la protección de comunidades vulnerables.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino fortalecer al Estado para que termine con la violencia, garantice justicia y proteja a la ciudadanía”, concluyó el ministro Montealegre.
Invitación abierta a la ciudadanía
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía, organizaciones sociales, líderes territoriales y víctimas del conflicto a participar activamente en este proceso democrático, ya sea de forma presencial o virtual, y a ser parte de la construcción colectiva de un país en paz.
La audiencia podrá seguirse en directo a través de:
- Redes sociales del Ministerio de Justicia
- Plataforma del Canal Cámara de Representantes
- Transmisión especial en Canal Focus Noticias
📍 Sobre Belén de Bajirá
- Ubicación: Subregión del Urabá, cuenca del río Atrato.
- Departamento: Chocó.
- Población: 26.304 habitantes (2022).
- Extensión: 1.635 km².
- Gentilicio: Bajirenses.
- Alcalde actual: Leopoldino Perea Caicedo (2024–2027).
- Economía: Oro, níquel, petróleo, palma de aceite, cacao y plátano.
- Problemas estructurales: Alta pobreza, violencia armada, abandono estatal.
Con esta audiencia pública, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de que la construcción de la paz en Colombia no será un proceso excluyente ni centralista, sino uno que se nutre de las realidades territoriales y del aprendizaje colectivo.
Orden del día – Audiencia Pública en Belén de Bajirá
Este 10 de octubre de 2025, se llevará a cabo una audiencia pública en el municipio de Belén de Bajirá (Hotel Samanthy, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.) para debatir el Proyecto de Ley No. 02 de 2025 Cámara, que busca establecer un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento de organizaciones al margen de la ley, en el marco de la consolidación de la paz total y la seguridad ciudadana.
La jornada iniciará por la instalación oficial a cargo de la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara. El Representante James Mosquera Torres, ponente del proyecto, explicará la metodología del encuentro. También se contará con intervenciones del alcalde de Belén de Bajirá y de la Representante Astrid Sánchez de Oca
La audiencia abrirá un espacio importante para la participación de líderes sociales, comunidades y consejos comunitarios, quienes podrán expresar sus opiniones y propuestas. Finalmente, el Gobierno Nacional representado por el Ministerio de Justicia y del Derecho intervendrá antes de la clausura oficial y las conclusiones a cargo del Representante Mosquera Torres.
Esta audiencia forma parte del compromiso del Congreso con el diálogo social y la construcción participativa de políticas para la paz.