La Contraloría General de la República emitió una alerta por el incremento atípico en la contratación interadministrativa registrada durante la primera semana de noviembre, días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
Según el organismo de control, entre el 1 y el 7 de noviembre se comprometieron $9 billones, una cifra que supera ampliamente los promedios históricos de la contratación pública en 2025.
El comportamiento más crítico se observó el 7 de noviembre, último día antes del inicio de las restricciones electorales, cuando se registraron $6,1 billones en convenios y contratos, equivalentes al 68% de todo lo contratado esa semana. La Contraloría precisó que esta cifra representa 2,9 veces el promedio mensual entre enero y agosto de este año, que se ubicó en $2,1 billones; un incremento del 190% frente a la tendencia histórica.
Este fenómeno fue identificado a través del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, herramienta presentada oficialmente el 10 de noviembre para monitorear la contratación y el gasto estatal en el contexto de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El análisis se basó en la información reportada al SECOP durante los primeros siete días del mes.
La entidad advirtió que la concentración de contratación en una sola fecha podría reflejar fallas en la planeación o posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral, lo que constituye un indicador de riesgo para la gestión pública.
Entre las entidades con mayor participación en los montos contratados se encuentra el Departamento de Prosperidad Social (DPS), que concentró $770 mil millones, equivalentes al 8,5% del total. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) continúa procesando los datos para determinar el comportamiento por departamentos y establecer posibles focos regionales de riesgo.
La Contraloría informó que mantiene un seguimiento integral de todos los contratos suscritos en septiembre, octubre y la primera semana de noviembre, con el fin de identificar operaciones sensibles —como actividades logísticas, eventos o suministros— que suelen incrementarse en contextos preelectorales. El objetivo, según la entidad, es anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos se manejen conforme a la Ley de Garantías y al interés general.
