El proceso penal contra el exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar avanza en la etapa previa al juicio, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara escrito de acusación en su contra por presuntas irregularidades en un contrato de obra pública suscrito durante su administración en 2015.
La Fiscalía lo señala como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, en un caso relacionado con la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, en Santa Marta.
¿De qué contrato se trata?
La investigación gira alrededor del contrato de obra No. 480 del 28 de octubre de 2015, cuyo objetivo era ejecutar adecuaciones en el coliseo de Gaira. Según la acusación, desde la etapa de planeación se habrían presentado fallas y decisiones que hoy son materia de análisis judicial. (
Uno de los puntos que subraya la Fiscalía es que el contrato habría sido pactado con un plazo inicial de dos meses y tres días, considerado insuficiente para el alcance del proyecto. Esto derivó en cinco prórrogas que, según los reportes, sumaron 525 días adicionales, y una ejecución que terminó extendiéndose hasta abril de 2019, mientras que la liquidación contractual se habría realizado en marzo de 2022.
Señalamientos: estudios, licencias, pliegos y presuntos sobrecostos
Entre las presuntas anomalías mencionadas en el proceso se incluyen: ausencia de estudios previos idóneos, deficiencias de planeación, plazos irreales y la supuesta elaboración de pliegos direccionados para favorecer a un contratista.
En materia presupuestal, la Fiscalía también sostiene que el proyecto habría tenido adiciones y un incremento de costos: el valor inicial del contrato se reportó en $2.682 millones, y luego se adicionaron recursos hasta superar los $4.022 millones. Dentro de ese análisis, se menciona un posible detrimento patrimonial cercano a $690 millones, cifra que hace parte de los elementos de investigación.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Santa Marta (Magdalena), Carlos Eduardo Caicedo Omar, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de un posible direccionamiento para favorecer a un contratista específico y de sobrecostos, entre otras anomalías. Fiscalía
El contrato tenía un plazo inicial de dos meses y tres días, un término abiertamente insuficiente para ejecutar un proyecto de la magnitud prevista. Esto generó cinco prórrogas contractuales, que sumaron 525 días adicionales para culminar las obras. La entrega final, que debía hacerse en diciembre de 2015, se dilató hasta el 11 de abril de 2019. No obstante, el contrato fue liquidado el 7 de marzo de 2022.
De igual manera, se identificó un presunto desfase presupuestal y sobrecostos. El valor inicial del contrato fue de $2.682’393.503 y se adicionaron $1.340’536.123, al parecer, sin soportes técnicos ni estudios de mercado, desconociendo los principios de economía y responsabilidad. Esto ubicó el costo total del proyecto en $4.022.929.626 y habría ocasionado un detrimento patrimonial por $690’951.949.
¿Qué es la audiencia preparatoria y por qué es clave?
En el sistema penal, la audiencia preparatoria es un paso previo al juicio en el que las partes definen qué pruebas presentarán, qué testigos serán citados y cómo se desarrollará el debate. En este caso, un juez penal del circuito en Bogotá dispuso que la audiencia preparatoria de juicio se programara para el 3 de diciembre de 2025, fecha citada en publicaciones de prensa sobre el proceso.
