Atención Juez de Medellín ordenó la absolución de Santiago Uribe, hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en el caso de los 12 apóstoles. El funcionario concluyó que no hay pruebas de su vinculación con el grupo paramilitar.
Tras casi 30 años de investigaciones y un extenso juicio que había concluido hace cuatro años, este miércoles 13 de noviembre el juez Jaime Herrera Niño, del Juzgado Penal Primero Especializado de Antioquia, absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el emblemático caso de ‘Los 12 Apóstoles’.
La decisión declaró a Uribe Vélez inocente de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, cargos que lo vinculaban con la creación, financiación y liderazgo del grupo paramilitar responsable de múltiples homicidios selectivos en Yarumal, Antioquia, durante los años 90.
Adicionalmente, se compulsaron copias por el presunto delito de falso testimonio en contra de Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, Alexander de Jesús Amaya, Álvaro Vasquez, Rodrigo Perez, Pedro Benavides y Carlos Enrique Serna. Juan Carlos Rodríguez Agudelo más conocido como Alias Zeus fue un militar y paramilitar colombiano que presentó su testimonio en esta investigación.
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Vea la sentencia completa de Santiago Uribe aquí
En la sentencia de 218 páginas el juez primero especializado argumenta que «el procesado no esta llamado a probar su inocencia, sino que la prueba de responsabilidad penal se concibe como una carga del Estado, de modo que a falta de la mismase debe imponer sentencia de caracter absolutorio. La imposición de sentencia condenatoria debe fundamentarse en la existencia de certeza respectoa a la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, de manera tal que si el estado por medio de la Fiscalía no ha desvirtuado la presunción de inocencia más alla de toda duda razonable que ampara al procesado, éste debe ser declarado no responsable».
Al respecto luego de la decisión el expresidente Álvaro Uribe dijo: «Gracias a Dios»
Gracias a Dios
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 13, 2024
El caso: de la Hacienda La Carolina a los estrados judiciales
El centro de las acusaciones fue la Hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe, señalada por la Fiscalía como base de operaciones de ‘Los 12 Apóstoles’. Según el ente acusador, este grupo se dedicó a realizar «limpiezas sociales» dirigidas contra supuestos colaboradores de guerrillas como las FARC y el ELN.
Uno de los casos más representativos en el expediente fue el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera señalado como informante de la guerrilla. Barrientos fue ejecutado el 25 de febrero de 1994 en un crimen que, según la Fiscalía, fue ordenado por la estructura paramilitar en la que presuntamente participaba Uribe Vélez.
Además, la Fiscalía había documentado más de 300 homicidios atribuidos a este grupo armado, que habría actuado en articulación con agentes de la Fuerza Pública, en particular con miembros de la Policía y de inteligencia militar.
La defensa de Santiago Uribe
La defensa de Uribe Vélez sostuvo desde el inicio que las acusaciones estaban basadas en testimonios inconsistentes y que no existían pruebas contundentes que vincularan al ganadero con la organización criminal. Entre los testigos claves estaba el exteniente de la Policía Juan Carlos Meneses, quien señaló a Uribe como patrocinador del grupo, pero cuya credibilidad fue cuestionada en el juicio.
El proceso, adelantado bajo la Ley 600 del 2000, enfrentó múltiples dilaciones y controversias. Para la defensa, esta absolución confirma la inocencia de Uribe Vélez y cierra un capítulo que, según ellos, estuvo cargado de connotaciones políticas.
Reacciones y divisiones
El fallo ha generado una oleada de reacciones en la opinión pública. Mientras los allegados de Santiago Uribe celebran la decisión como un acto de justicia, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han expresado su descontento, argumentando que el fallo deja impune uno de los capítulos más oscuros del paramilitarismo en Antioquia.
La Fiscalía, por su parte, no se ha pronunciado sobre si apelará la decisión, mientras que los abogados de las víctimas aseguran que evaluarán las opciones legales para continuar buscando justicia.
