La Contraloría General de la República encendió nuevamente las alarmas sobre un posible riesgo de desabastecimiento energético en Colombia, al advertir que la ausencia de nuevos proyectos, sumada al no pago de deudas acumuladas a prestadores de energía y gas, podría comprometer la seguridad del sistema en los próximos años.
El llamado se sustenta en el estudio sectorial “Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020-2030”, presentado en Bogotá, donde el ente de control advierte que, pese a la existencia de planes indicativos en gas, electricidad y combustibles líquidos, persisten obstáculos estructurales. Entre ellos, cuellos de botella regulatorios, retrasos en proyectos estratégicos y debilidades institucionales que han impedido concretar las inversiones necesarias para garantizar el suministro.
El informe también pone el foco en el contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas como el conflicto entre Rusia y Ucrania y la inestabilidad en Medio Oriente, factores que han incrementado la volatilidad de los mercados energéticos. En este escenario, la Contraloría insiste en la urgencia de fortalecer la soberanía energética del país, reducir la dependencia de importaciones y adoptar decisiones estructurales que aseguren el abastecimiento interno y la estabilidad de precios.
En materia de gas natural, el diagnóstico es especialmente preocupante. El estudio revela que en 2024 solo el 67 % del gas extraído fue comercializado, debido a factores técnicos y operativos, lo que obligó por primera vez a recurrir a la importación de gas natural licuado para cubrir la demanda. A esto se suma la reducción sostenida de las reservas probadas, que hoy ubican el horizonte de autosuficiencia en apenas 5,9 años para gas y 7,2 años para petróleo.
La situación se agrava con la falta de infraestructura clave. La no adjudicación de proyectos de regasificación, especialmente en el Pacífico, y la ausencia de redundancias en el sistema de transporte incrementan el riesgo de desabastecimiento desde 2026, particularmente en regiones del interior. Ante esto, se plantean soluciones urgentes como la importación de gas por Buenaventura y el desarrollo de alternativas en La Guajira y Coveñas.
En cuanto a los combustibles líquidos, la Contraloría advierte que el país depende cada vez más de las importaciones: cerca del 40 % de la gasolina que se consume proviene del exterior. Esta tendencia, junto con la falta de nuevos proyectos de refinación, anticipa un aumento en las necesidades de importación de ACPM y refuerza la presión sobre los subsidios.
El informe también aborda las brechas en el sector eléctrico. Aunque se han registrado avances en cobertura, más de 1,3 millones de viviendas aún carecen del servicio, y cerrar esta brecha requerirá inversiones superiores a los 32 billones de pesos. Además, persisten desigualdades en la calidad del servicio, especialmente en zonas rurales y territorios con operadores que enfrentan dificultades de gestión.
Finalmente, el organismo de control advierte sobre los desafíos de la transición energética. Si bien se proyecta que las energías renovables no convencionales representen una tercera parte de la generación eléctrica hacia 2030, esto dependerá de la entrada en operación de proyectos clave como Hidroituango y del fortalecimiento de la resiliencia del sistema.
En ese sentido, se recomienda revisar metas como la instalación de almacenamiento con baterías —actualmente proyectada en 1.500 MW— para alinearla con el crecimiento esperado de las energías renovables, así como acelerar la implementación de soluciones de almacenamiento estratégico de combustibles.
La Contraloría concluye con un llamado urgente al Gobierno Nacional a adoptar medidas oportunas que eviten escenarios de racionamiento, articulen la expansión de cobertura con garantías reales de abastecimiento y aseguren la protección de los usuarios, la estabilidad tarifaria y el uso eficiente de los recursos públicos.