Un estudio de la Contraloría General de la República reveló una crítica situación financiera en el sistema universitario público colombiano: solo una de las 34 universidades públicas del país logra sostener su operación con recursos autogenerados, mientras que el resto depende de manera estructural de los aportes del Estado.
De acuerdo con el informe “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, presentado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, el 50,1% de los ingresos de las universidades públicas proviene de aportes nacionales, lo que limita la planeación de largo plazo y profundiza las brechas regionales. El estudio concluye que el 97% de las instituciones analizadas no cuenta con capacidad financiera suficiente para sostener su operación con ingresos propios.
Uno de los principales factores de presión es el pasivo pensional, que asciende a $10,3 billones en 2024 y se mantiene como la carga estructural más relevante del sistema. Esta obligación se concentra principalmente en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan el 57,8% del total del pasivo pensional del Sistema Universitario Estatal (SUE).
El análisis también evidenció una alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de instituciones. La Universidad Nacional, la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48% de los ingresos nacionales y el 37% de los territoriales, lo que afecta los principios de equidad en la asignación del gasto público. Esta situación se refleja en marcadas diferencias en los ingresos por estudiante, que van desde más de $11,4 millones en la UNAL hasta poco más de $525 mil en la UNAD, frente a un promedio nacional de $4,5 millones.
En materia de solvencia, el informe señala que el 75,8% de las instituciones presenta indicadores adecuados para respaldar sus obligaciones financieras. Sin embargo, el 24,2% registra niveles de solvencia inferiores, lo que limita su margen de maniobra y evidencia riesgos financieros latentes.
La Contraloría advirtió que, pese a algunos avances en inversión y gestión presupuestal, persisten profundas desigualdades en la capacidad de generación de ingresos, altos niveles de dependencia estatal y presiones crecientes por el pasivo pensional. Además, alertó sobre el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 de 1992. Mientras el Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones, el ente de control calcula un impacto de $27,8 billones, dependiendo del horizonte y la metodología de análisis.
Aunque el organismo de control reconoció que la reforma apunta hacia la gratuidad y a niveles de inversión cercanos al promedio de los países de la OCDE, insistió en que cualquier incremento en la financiación debe estar respaldado por fuentes claras, suficientes y sostenibles en el largo plazo.
En conclusión, la Contraloría señaló que la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades del país. Por ello, hizo un llamado a revisar el modelo de financiación vigente y a definir una política pública que permita garantizar la estabilidad del sistema, ya sea avanzando hacia la gratuidad y universalidad o fortaleciendo esquemas que aseguren la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas.