La audiencia contra el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero dejó este lunes nuevos detalles sobre la investigación por seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Testigos aseguran que Miguel Quintero tenía influencia sobre la contratación y que decía controlar el AMVA, la EDU y Metroparques. Fiscalía y víctimas piden medidas privativas de la libertad mientras las defensas controvierten los señalamientos.
MEDELLÍN — Nuevos testimonios, conversaciones de WhatsApp, documentos y señalamientos sobre supuestas presiones a testigos fueron expuestos este lunes 21 de septiembre durante la audiencia que definirá si Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, deberá afrontar privado de la libertad el proceso penal que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
La diligencia se reanudó ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con función de control de garantías, dentro de una investigación que tiene como punto central seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La Fiscalía sostiene que esos negocios jurídicos sumaron alrededor de $17.000 millones y que aproximadamente $2.400 millones habrían terminado apropiados irregularmente. Miguel Quintero está imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Quintero no ha aceptado responsabilidad.
“No, su señoría, y soy inocente”
La imputación y la manifestación de Miguel Quintero frente a los cargos ocurrieron en una sesión anterior.
El pasado 15 de septiembre, después de que el juez le preguntara si aceptaba el cargo de peculado por apropiación, Quintero respondió:
“No, su señoría, y soy inocente”.
Los demás procesados tampoco aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
Este lunes la discusión avanzó hacia otra etapa: determinar si existen razones suficientes para imponer medidas de aseguramiento mientras continúa el proceso.
La audiencia completa y los principales momentos de la diligencia pueden verse en FOCUS NOTICIAS.
La Fiscalía ha solicitado una medida privativa de la libertad contra Miguel Quintero. Paralelamente, el representante del Área Metropolitana, reconocido como víctima, pidió una medida similar contra Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los procesados.
La tesis de la Fiscalía: Miguel Quintero controlaba decisiones dentro del AMVA
La investigación sostiene que Miguel Quintero, pese a no ocupar formalmente un cargo dentro del Área Metropolitana, habría tenido capacidad para influir en decisiones administrativas y contractuales.
Según la Fiscalía, habría intervenido en el nombramiento de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero.
Posteriormente, según la imputación, habría dado instrucciones para direccionar seis contratos hacia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí a cambio de un porcentaje de los recursos.
La Fiscalía sostiene que el porcentaje pactado habría sido del 15 % de los recursos entregados.
Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis del ente acusador y deberán ser demostradas durante el proceso penal.
“Ahí llegó el dueño”
Uno de los testimonios que más llamó la atención durante las audiencias corresponde a una persona interrogada dentro de la investigación sobre el funcionamiento interno del Área Metropolitana.
La Fiscalía había revelado que, según esa declaración, cuando Miguel Quintero llegaba a las instalaciones algunos funcionarios decían:
“Ahí llegó el dueño de la entidad”.
La testigo también habría señalado que Quintero ingresaba hasta áreas directivas del organismo. La Fiscalía utiliza esta declaración para sustentar su tesis de que el hermano del entonces alcalde tenía una influencia que excedía cualquier relación informal con funcionarios de la entidad.
“Se hacía lo que él dijera”
Durante la sesión de este lunes, el abogado del Área Metropolitana, Majer Abushihab, presentó otras declaraciones que, según su argumentación, demostrarían esa presunta influencia.
Una testigo aseguró que entre funcionarios se hablaba de que dentro del organismo “se hacía lo que él dijera”, en referencia a Miguel Quintero.
Según la declaración expuesta ante el juez:
“Se decía que le habían entregado el AMVA para que decidiera cómo y con quién se contrataba”.
El representante de las víctimas también recordó testimonios según los cuales los conductores advertían cuando “había llegado el hermano del alcalde”.
Testigo dice que Miguel afirmaba controlar AMVA, EDU y Metroparques
Otra declaración presentada este lunes amplió el alcance de los señalamientos.
Una de las testigos con principio de oportunidad aseguró que Miguel Quintero manifestaba públicamente que tenía control sobre varias entidades.
“Sé que le entregó el AMVA, la EDU y Metroparques, porque el señor Miguel Quintero lo decía a viva voz”, señaló la mujer, según el interrogatorio citado durante la audiencia.
El testimonio hace referencia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Empresa de Desarrollo Urbano y Metroparques.
La declaración es parte del material que deberá ser controvertido por la defensa durante el proceso y no constituye por sí misma una determinación judicial sobre responsabilidad.
Los chats presentados ante el juez
Durante la audiencia también aparecieron conversaciones de mensajería que, según el representante de las víctimas, permiten reconstruir las relaciones entre varios de los investigados.
Uno de los chats presentados corresponde a febrero de 2020.
Según la exposición, Álvaro Villada habría enviado información relacionada con las finanzas de la entidad a un grupo de WhatsApp en el que se encontraba Miguel Quintero.
En esa conversación se habría planteado la necesidad de realizar reuniones periódicas con informes.
Ante esa propuesta, Miguel habría contestado:
“Me parece”.
En otros mensajes se hablaba de reuniones institucionales y de encuentros con “Mister M”, expresión que, según la argumentación presentada ante el juez, era utilizada para referirse a Miguel Quintero.
“Usted necesita una persona de confianza en la ambiental”
Otro mensaje que fue mostrado durante la audiencia habría sido enviado por Villada a Miguel Quintero.
“Usted necesita una persona de confianza en la ambiental”, decía la conversación citada.
El abogado de las víctimas señaló que posteriormente hubo cambios en la Subdirección Ambiental y utilizó la conversación para sustentar la hipótesis de que Quintero intervenía en decisiones sobre quiénes debían ocupar determinados cargos.
El documento que debía aparecer “si esto se pone peludo”
Otro elemento mencionado este lunes corresponde a un documento que Álvaro Villada presuntamente habría entregado a una de las personas que posteriormente se convirtió en testigo.
Según lo relatado ante el juez, la instrucción era que el documento fuera entregado a la Fiscalía “si esto se pone peludo”.
El papel haría referencia a un contrato por aproximadamente $6.900 millones y contendría porcentajes que, según la interpretación presentada por la representación de víctimas, corresponderían a una eventual distribución irregular de recursos.
Uno de esos registros señalaría un 14 % presuntamente destinado a Miguel y otro porcentaje para un supuesto recaudador.
Será el proceso judicial el encargado de determinar el significado y valor probatorio de ese documento.
Un Rolex y la frase “por eso es nuestro jefe”
Otro elemento expuesto ante el juez fue una fotografía en la que Miguel Quintero aparece luciendo un reloj Rolex.
Lo relevante para la representación de víctimas no fue el valor del reloj sino una respuesta que presuntamente escribió Álvaro Villada:
“Mero plato, por eso es nuestro jefe”.
El abogado sostuvo que esa expresión puede ser relevante para establecer la relación que existía entre los involucrados y la posición que Quintero habría ocupado dentro del grupo.
El principal testigo: Misael Cadavid
Una parte sustancial del proceso gira alrededor de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, quien estuvo al frente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y se convirtió en uno de los principales testigos de la investigación.
Según la Fiscalía, Cadavid ha entregado información sobre reuniones, contratos y movimientos de recursos.
El ente acusador ha asegurado además que alrededor del testigo se produjeron situaciones que podrían constituir intentos de interferencia.
La Fiscalía relató que Cadavid recibió visitas de abogados mientras permanecía privado de la libertad y que algunas de esas personas habrían realizado “recomendaciones” sobre la manera como debía afrontar el proceso.
Fiscalía habló de presiones a testigos
Precisamente uno de los principales argumentos utilizados para solicitar la detención preventiva de Miguel Quintero es el supuesto riesgo de obstrucción de la justicia.
Durante la audiencia anterior, la Fiscalía aseguró que una persona identificada como Germán Osorio visitó a Cadavid y señaló que los investigadores detectaron movimientos financieros que consideran relevantes.
Según la Fiscalía, Osorio aparece como beneficiario de 48 cheques girados desde cuentas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La representación del AMVA retomó este lunes la discusión y aseguró que desde abril se habrían intensificado diferentes formas de presión sobre Cadavid, incluyendo contactos con familiares y ofrecimientos relacionados con su situación jurídica.
Los 334 accesos al expediente de la Fiscalía
Otro episodio que generó preocupación dentro de la investigación ocurrió dentro de la propia Fiscalía.
El ente acusador reveló que una funcionaria que no hacía parte del equipo encargado del caso habría ingresado al sistema institucional y consultado información reservada de la investigación.
Según lo expuesto en audiencia, hubo 334 consultas y 293 descargas de información.
La Fiscalía indicó que los accesos comenzaron después de que ya habían sido solicitadas las audiencias contra los investigados.
Este episodio es investigado separadamente y la Fiscalía lo ha utilizado dentro de sus argumentos sobre posibles riesgos para la integridad del proceso.
Fiscalía crea grupo especial para investigar corrupción en Medellín
La audiencia de este lunes dejó además una noticia adicional.
La Fiscalía anunció la conformación de un grupo de tareas especiales dedicado a investigar y judicializar presuntos hechos de corrupción relacionados con la gestión pública y la contratación en Medellín.
El anuncio fue realizado por el fiscal Manuel Fernando Caballero Parra, de la Fiscalía 26 adscrita a la Delegada para la Seguridad Territorial.
La decisión busca articular diferentes investigaciones que actualmente avanzan por posibles irregularidades ocurridas durante la anterior administración municipal.
Según los datos citados durante este proceso, más de 50 personas han sido imputadas en diferentes investigaciones relacionadas con contratación en entidades y programas como Buen Comienzo, Inder, Metroparques, Metroplús y el Área Metropolitana.
¿Cuáles son los contratos investigados?
El proceso específico contra Miguel Quintero está relacionado con seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La Fiscalía calcula que los negocios investigados sumaron aproximadamente $17.000 millones y sostiene que alrededor de $2.400 millones habrían sido apropiados irregularmente.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, los contratos habrían sido direccionados y posteriormente se habría producido el pago de porcentajes sobre los recursos desembolsados.
Miguel Quintero y los demás procesados conservan la presunción de inocencia y las afirmaciones de Fiscalía, víctimas y testigos deberán ser controvertidas y probadas dentro del proceso.
¿Qué viene ahora?
La audiencia de este lunes no terminó con una decisión definitiva sobre la libertad de Miguel Quintero.
La representación del Área Metropolitana continuó sustentando por qué considera necesarias medidas de aseguramiento contra Quintero y Sebastián Ortega, mientras todavía deben intervenir las defensas y posteriormente el juez deberá evaluar los argumentos de todas las partes.
La Fiscalía y la Procuraduría ya han solicitado que Miguel Quintero sea enviado preventivamente a prisión, mientras que el Área Metropolitana pide una medida privativa de la libertad para Sebastián Ortega.
El juez tendrá finalmente que establecer si existen los requisitos legales para imponer esas medidas mientras avanza la investigación.