La Fiscalía General de la Nación dio un paso clave en el esclarecimiento de un hecho ocurrido hace casi nueve años en zona rural de Arenal, al acusar formalmente a un teniente y a tres soldados profesionales del Ejército Nacional por la muerte de un campesino durante una operación militar.
Los hechos se remontan al 9 de abril de 2017, cuando los uniformados, integrantes de un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N.º 1 de la Quinta Brigada, desarrollaban un operativo contra un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, conocido con el alias de ‘Cusi’. Según la investigación, en medio de uno de los desplazamientos, el oficial al mando habría ordenado interceptar a dos hombres que caminaban por la zona.
La situación escaló rápidamente. De acuerdo con el expediente, los civiles, desconcertados por la presencia militar, emprendieron la huida, lo que provocó una reacción armada por parte de los soldados, quienes dispararon con sus armas de dotación. El resultado fue trágico: uno de los hombres murió en el lugar, mientras que el otro fue detenido.
Sin embargo, las indagaciones adelantadas por la Fiscalía revelaron que las víctimas no tenían ningún vínculo con el objetivo militar de la operación. De hecho, el presunto cabecilla guerrillero se encontraba en otro sitio y fue capturado horas más tarde, lo que refuerza la hipótesis de un uso desproporcionado de la fuerza.
El ente acusador sostiene que los uniformados habrían actuado en contravía de los protocolos establecidos, al no identificarse plenamente ni adoptar medidas que garantizaran que los campesinos comprendieran la orden de detenerse. Por estos hechos, los cuatro militares fueron acusados por el delito de homicidio en persona protegida, en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
El caso avanza ahora hacia la etapa de juicio, donde la justicia deberá determinar la responsabilidad de los implicados en este episodio que vuelve a poner bajo la lupa los procedimientos en operaciones militares en zonas de conflicto.