La Procuraduría General de la Nación, ha iniciado una investigación exhaustiva sobre presuntas irregularidades en los proyectos de infraestructura llevados a cabo en Bogotá, específicamente en los sistemas de movilidad y espacio público del Distrito Capital.
El foco de la pesquisa recae en el presunto incumplimiento en la ejecución de estos proyectos, financiados con recursos de valorización.
El exdirector general del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca, está siendo investigado por su supuesto rol en estos incumplimientos, mientras que varios otros funcionarios y contratistas también están bajo escrutinio.
Entre los implicados se encuentran la exsubdirectora general de infraestructura, Claudia Tatiana Ramos Bermúdez; el exdirector técnico de gestión contractual, Juan Carlos González Vásquez; el subdirector técnico de ejecución, Jaime Augusto Bermúdez Díaz; la exdirectora técnica de construcciones, Denice Bibiana Acero Vargas; la abogada de la dirección técnica de gestión contractual, Ginna Paola García Bohórquez; y el exdirector técnico de proyectos (e), José Félix Gómez Pantoja.
Además, se están investigando las presuntas conductas irregulares de los contratistas del bilateral de interventoría, Miguel Angel Botero Gómez y Ariel Alberto Corredor Gómez, representantes legales de MAB Ingeniería de Valor S.A., así como a Juan Carlos Guio Ávila, prestador de servicios de la dirección técnica de proyectos.
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La investigación también aborda las demoras en la ejecución de las obras, que según informes, habrían costado alrededor de $18.000 millones. Se alega que estas obras tienen problemas tanto en el diseño como en la edificación, lo que sugiere posibles irregularidades en los contratos de interventoría y supervisión. Además, se ha ordenado la compulsa de copias para investigar otros 14 contratos que, según la entidad, podrían estar en situaciones similares y haber sido financiados con los mismos recursos.
Según el Ministerio Público, de las 15 construcciones bajo investigación, solo una ha sido completada en su totalidad, mientras que las demás se encuentran inconclusas y en estado de abandono.
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La Procuraduría ha ordenado la realización de pruebas pertinentes para esclarecer los hechos y determinar si constituyen una falta disciplinaria
