Por Redacción Judicial
Bogotá, 25 de julio de 2025 – A escasos tres días de que se conozca el sentido del fallo judicial en su contra, el expresidente de la República y exsenador Álvaro Uribe Vélez volvió a pronunciarse públicamente. En un video divulgado a través de su cuenta de X (antes Twitter), el exmandatario reiteró su postura de ser víctima de una persecución política, y lanzó fuertes señalamientos contra figuras del actual y anterior gobierno, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al expresidente Juan Manuel Santos, a quienes responsabilizó de un entramado político-judicial en su contra.
El fallo será proferido el próximo lunes 28 de julio por la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, quien deberá determinar si Uribe es absuelto o condenado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Se trata de una decisión histórica: es la primera vez que un expresidente colombiano enfrenta una sentencia penal en el marco de la justicia ordinaria.
Señalamientos y acusaciones
En su declaración, Uribe aseguró que el proceso en su contra fue “manipulado desde su origen” y argumentó que ha estado signado por irregularidades procesales y conflictos de interés. Acusó directamente al magistrado José Luis Barceló, al también magistrado César Reyes, al periodista Daniel Coronell, y al senador Iván Cepeda, así como al actual jefe de Estado, Gustavo Petro, de haber interferido directa o indirectamente en la construcción del caso.
“El error se convirtió en intención”, dijo el exmandatario al referirse a las más de 20.000 interceptaciones telefónicas ilegales que, según su versión, fueron autorizadas inicialmente por una supuesta confusión de líneas y que se mantuvieron incluso después de que el analista judicial advirtiera que la voz correspondía a Uribe. Denunció que, a pesar de que no se extrajo de esas grabaciones prueba incriminatoria alguna, las mismas fueron utilizadas en su contra en sede judicial.
Asimismo, alegó la violación del secreto profesional y la confidencialidad de sus comunicaciones con su abogado defensor Diego Cadena, lo que a su juicio constituye una vulneración directa al principio de defensa técnica y al debido proceso.
Denuncias de parcialidad y presión institucional
En el extenso video de 8 minutos, Uribe también hizo referencia a presuntas presiones por parte del presidente Gustavo Petro hacia la justicia. Aunque Petro ha negado tener injerencia en el caso, el exmandatario mencionó al menos una docena de intervenciones públicas del actual jefe de Estado sobre el proceso judicial que lo involucra.
Uribe señaló, además, que el proceso fue filtrado de manera selectiva a periodistas cercanos a sus opositores políticos, mientras su defensa, en contraste, fue privada de información crucial durante las fases preliminares.
En otro punto neurálgico de su intervención, cuestionó la actuación del magistrado César Reyes, quien le impuso la medida de detención domiciliaria en 2020. Según Uribe, Reyes tenía conflictos de interés no declarados, entre ellos, vínculos laborales con la esposa de Iván Cepeda y su participación como contratista en programas del gobierno Santos relacionados con el proceso de paz de La Habana, al cual Uribe se opuso de forma activa durante su carrera política.
Cortes, fiscales y decisiones divididas
Uribe también criticó el tránsito del caso desde la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación tras su renuncia al Senado, con lo cual perdió fuero constitucional. A su juicio, el proceso debió reiniciarse desde cero, pero continuó con las pruebas y actuaciones previas, lo que considera violatorio del principio de legalidad y del derecho a la doble instancia.
Sobre este punto, Uribe censuró que la Corte Constitucional decidiera, en votación dividida 5-4, que la indagatoria rendida ante la Corte equivalía a una imputación formal. Acusó al magistrado Alejandro Linares, ponente del fallo, de haber filtrado información al periodista Daniel Coronell y de haber recibido una llamada telefónica del expresidente Juan Manuel Santos durante la deliberación de la sentencia.
Uribe sostiene que estos hechos son graves violaciones al principio de imparcialidad judicial y que debieron generar recusaciones y nulidades procesales que nunca se admitieron.
Fiscales enfrentados, víctimas en el exterior y pruebas cuestionadas
En cuanto a la actuación de la Fiscalía General de la Nación, Uribe recordó que dos fiscales del caso solicitaron la preclusión del proceso, al no encontrar mérito suficiente para continuar con la acusación. Sin embargo, dos jueces negaron tales solicitudes. No obstante, según Uribe, el fiscal Gilberto Villarreal —quien ya no forma parte del caso— formuló la acusación sin declararse impedido, pese a sus presuntos vínculos con figuras enfrentadas políticamente a Uribe.
El exmandatario también puso en duda la legitimidad de una de las víctimas del caso, quien se encuentra actualmente asilada en el extranjero y presuntamente fue miembro de las FARC. Indicó que existen informes de inteligencia militar y testimonios que cuestionan su credibilidad, incluyendo la adquisición de bienes con dineros presuntamente irregulares.
“No pido favores, exijo garantías”
Uribe finalizó su declaración insistiendo en que el caso ha sido politizado desde su origen, y pidió que la juez Heredia actúe con imparcialidad, independencia y respeto al debido proceso.
Recordó que cuatro procuradores, sin afinidad política con él, han emitido conceptos favorables a su absolución o preclusión, lo que considera una prueba de que el proceso tiene un sesgo político y no estrictamente jurídico.
Luego el entonces coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, presentó solicitud de precluir el proceso .
En mayo del 2024, la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, rechazó la última solicitud de preclusión del caso contra el expresidente y excongresista por soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena. La juez señaló que el fiscal encargado del caso, Javier Cárdenas, no hizo un esfuerzo serio de investigación.
La audiencia de lectura del fallo se llevará a cabo este lunes 28 de julio veála en Focus Noticias desde las 7:00 a.m.. El país estará atento a una decisión que tendrá consecuencias tanto jurídicas como políticas, y que podría marcar un hito en la relación entre la justicia y los expresidentes en Colombia.
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