Un juez de control de garantías envió a la cárcel al alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo señalara de presuntamente exigir dinero y beneficios económicos para facilitar trámites urbanísticos relacionados con un proyecto inmobiliario en ese municipio.
La decisión se produjo tras una investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, que presentó elementos materiales probatorios sobre supuestas presiones económicas, exigencias de contratación y actuaciones administrativas irregulares vinculadas con la ampliación de una licencia de construcción.
Una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenó enviarlo al pabellón para servidores públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá
Según la Fiscalía, el mandatario habría intervenido ilegalmente en favor de intereses particulares y posteriormente habría tomado decisiones administrativas como retaliación luego de que una empresaria se negara a acceder a sus peticiones económicas.
Fiscalía señala presuntas exigencias económicas
De acuerdo con el ente acusador, los hechos investigados se remontan al 8 de junio de 2025, cuando presuntamente el alcalde solicitó a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona específica para asesorar la gestión de permisos y trámites urbanísticos relacionados con un proyecto inmobiliario.
La investigación sostiene que esa persona trabajó durante aproximadamente once meses y habría recibido pagos cercanos a los 48 millones de pesos.
Posteriormente, el 4 de marzo de 2026, según la Fiscalía, Gamboa Chaparro habría solicitado mediante mensajes de voz la suma de 112 millones de pesos, cifra que correspondería al 20 % del valor relacionado con la ampliación de la licencia de construcción del proyecto.
El ente investigador indicó que posteriormente el mandatario retiró esa solicitud durante una llamada telefónica.
Señalan posible retaliación administrativa
La Fiscalía también aseguró que dos días después, el 6 de marzo de 2026, el alcalde habría expedido una resolución encontrándose presuntamente en un posible conflicto de intereses.
Según la investigación, esa actuación habría sido utilizada como una forma de presión y retaliación frente a la negativa de la empresaria de acceder a las exigencias económicas.
Como consecuencia de esa decisión administrativa, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción.
Además, el Inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso una multa cercana a los 232 millones de pesos a los representantes del proyecto inmobiliario.
Delitos imputados
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al alcalde los delitos de:
- Concusión
- Prevaricato por acción
Sin embargo, el mandatario no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.
Pese a ello, la juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Los argumentos para enviar a prisión al alcalde de Villa de Leyva
La justicia tomó una decisión sobre la libertad de Víctor Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, Boyacá. Luego de permanecer dos semanas en las instalaciones de la Fiscalía, una juez de control de garantías ordenó enviarlo al pabellón para servidores públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanza la investigación en su contra por los delitos de concusión y prevaricato.
La togada consideró que existían suficientes elementos materiales probatorios para concluir que el mandatario local podría afectar el desarrollo de la investigación si continuaba en libertad. Entre las pruebas valoradas aparecen audios, chats y testimonios aportados por la empresaria María Victoria Solarte, heredera del clan constructor Solarte, en los que presuntamente se habla del pago de una “coima” relacionada con la expedición de una licencia urbanística.
Según el expediente, el alcalde habría solicitado un porcentaje equivalente al 20 % del valor de la licencia para supuestos funcionarios y peritos involucrados en el trámite del proyecto inmobiliario. En una de las grabaciones conocidas públicamente, la empresaria aseguró: “El alcalde me pidió un porcentaje para uno y otro. Creo que era un 20 por ciento”.
La juez también dio validez preliminar a los audios revelados durante el proceso, pese a que la defensa insistió en que se trataría de un “entrampamiento” y cuestionó la autenticidad de las grabaciones argumentando que podrían ser manipuladas incluso con inteligencia artificial.
Para el despacho judicial, además de los registros de audio existieron otros elementos que reforzaban la hipótesis de la Fiscalía, entre ellos conversaciones de chat, documentos relacionados con el trámite de la licencia y declaraciones sobre presuntas presiones ejercidas contra la empresaria cuando esta se negó a realizar pagos.
Con base en esos argumentos, el despacho concluyó que la medida de aseguramiento en centro carcelario era necesaria para proteger el proceso judicial y evitar posibles interferencias en la investigación.
Los detalles del caso que llevó a prisión al alcalde de Villa de Leyva
La investigación gira alrededor de un megaproyecto de lujo denominado San Cayetano, propiedad de la firma San Jacinto de Nelvic S.A.S., el cual contemplaba la construcción de una mansión valorada en cerca de 6 millones de dólares en Villa de Leyva.
El proyecto incluía una capilla privada, piscina, lagos artificiales, pesebreras y amplias zonas campestres. De acuerdo con la denuncia de la empresaria María Victoria Solarte, para obtener la licencia de construcción y los permisos ambientales de Corpoboyacá comenzó a recibir presuntas presiones por parte de funcionarios y del propio alcalde.
La empresaria aseguró ante las autoridades que, tras negarse a pagar el supuesto soborno del 20 %, la administración municipal ordenó la demolición de parte de la obra y abrió procesos sancionatorios en su contra. Incluso, un inspector habría impuesto inicialmente una multa cercana a los 30.000 millones de pesos, aunque posteriormente esta fue reducida a 232 millones tras ajustes jurídicos.
La defensa del alcalde insiste en que las grabaciones fueron obtenidas de manera irregular y sostiene que las conversaciones pueden ser manipuladas digitalmente. Aun así, la Fiscalía considera que existe un conjunto sólido de evidencias que demostrarían un supuesto esquema de cobros indebidos para facilitar la expedición de licencias y permisos ambientales en el municipio.
¿Quién es Víctor Alfonso Gamboa Chaparro?
Víctor Alfonso Gamboa Chaparro es el actual alcalde de Villa de Leyva, uno de los municipios turísticos más importantes de Boyacá y del país.
Durante su administración ha estado vinculado a debates relacionados con el desarrollo urbanístico, la expansión de proyectos inmobiliarios y la regulación territorial en una población reconocida por su patrimonio arquitectónico e histórico.
El caso que investiga la Fiscalía
La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la ampliación de una licencia de construcción para un proyecto inmobiliario en Villa de Leyva.
Según la Fiscalía, el caso involucra posibles exigencias económicas indebidas, utilización de intermediarios, decisiones administrativas presuntamente arbitrarias y actuaciones oficiales que habrían afectado directamente a la empresa involucrada.
Las autoridades continúan recopilando pruebas documentales, registros de comunicaciones y actuaciones administrativas dentro del proceso.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que vinculan al alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, a posibles actos de corrupción relacionados con la exigencia de dinero y otros beneficios para facilitar los trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario.
Inicialmente, el 8 de junio de 2025, el mandatario habría exigido a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona en específico para que brindara asesoría para gestionar varios permisos y otros requerimientos administrativos. Posteriormente, al parecer, pidió aumentar la asignación salarial para su referido, quien laboró durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, el 4 de marzo de 2026, Gamboa Chaparro presuntamente solicitó a la empresaria, a través de mensajes de voz, 112 millones de pesos que correspondían al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción. Luego, mediante una llamada telefónica, retiró esa pretensión.
Dos días después, el 6 de marzo, el alcalde expidió una resolución, pese a encontrarse en un posible conflicto de intereses, que sería una retaliación y presión ante la negativa de la empresaria de acceder a sus peticiones económicas. Situación que se configuró en una desviación del poder.
Como consecuencia de su determinación, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción. Asimismo, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a los 232 millones de pesos.
