A juicio disciplinario al exalcalde y precandidato Daniel Quintero por presuntas irregularidades en la modificación del uso del POT

Cargos a exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en destinación del suelo del lote ‘Aguas Vivas’
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle (2020 – 2023), y a otros cinco exfuncionarios de la administración de la ciudad, por presuntas irregularidades en la modificación del uso del suelo para los predios del sector Parque Ambiental Valle del Software – Aguas Vivas. 
Así mismo llamó a juicio disciplinario a la exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación, Jasblleidy Pirazán García, y los exsecretarios de Desarrollo Económico, Mauricio Valencia Escobar; de Educación, Juan David Agudelo Restrepo; de Innovación Digital, Rivier Hernando Gómez Cuevas, y General de la Alcaldía, Fabio Andrés García Trujillo. 
Al parecer, la administración municipal habría excedido el ejercicio de su potestad reglamentaria al expedir el decreto 412 de 2023, en el que incorporó usos del suelo y actividades contrarias a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de la Ciudad, así como asignó normas de aprovechamiento urbanístico, altura e índice de ocupación, con lo que se habrían atribuido competencias que no tenía el ente distrital.
El órgano de control señaló que el entonces mandatario local al suscribir el decreto, al parecer “excedió su potestad reglamentaria, pues otorgó aprovechamientos urbanísticos a un área determinada por el POT, como espacio público proyectado, permitiendo la intervención urbanística de áreas categorizadas como suelo de protección, y estableciendo como permitidos usos que según el Acuerdo 48 de 2014 son prohibidos en relación con el tratamiento urbanístico definido para el Ecoparque Las Palmas”.  
Agregó que al incluir artículos específicos en ese decreto, Quintero Calle, presuntamente “pretendió favorecer las intervenciones sobre el suelo de protección, autorizando la construcción de equipamientos y hospedaje en predios públicos y privados (…)”, con lo que asumió competencias propias del Concejo  Distrital, como es la de reglamentar los usos del suelo.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la aparente conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo.