Una misión humanitaria recuperó los cuerpos en zona rural de San José del Guaviare, tras combates entre las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el sur del país, luego de que una misión humanitaria lograra la recuperación de 48 cuerpos en zona rural de San José del Guaviare, tras los enfrentamientos armados entre estructuras disidentes comandadas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá Córdoba’.
De acuerdo con la entidad, los combates se registraron el martes 26 de mayo en los sectores conocidos como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, en zona rural de San José del Guaviare. Según la información preliminar, los cuerpos recuperados corresponderían, “al parecer”, a combatientes, aunque la identificación plena y las circunstancias exactas de lo ocurrido siguen bajo verificación de las autoridades competentes.
“La identificación plena de los cuerpos y la determinación de las circunstancias de lo ocurrido continúan siendo materia de verificación por parte de las autoridades competentes”, señaló la Defensoría del Pueblo.
La misión humanitaria contó con el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José del Guaviare.
Tras la recuperación de los cuerpos, la Defensoría advirtió que estos hechos reflejan “la profundización de la confrontación armada que hemos venido advirtiendo desde comienzos de 2025”.
La entidad también alertó que la disputa entre estas estructuras armadas ilegales se ha intensificado por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilícitas en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas.
“Reconocemos a las comunidades que fueron las primeras en responder ante esta situación y quienes, en medio de las dificultades derivadas de la confrontación armada, contribuyeron a la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones”, agregó la Defensoría.
Sin embargo, el organismo insistió en que la población civil no debe quedar expuesta a este tipo de tareas ni a los riesgos derivados de los enfrentamientos.
“Ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni a los riesgos asociados a las hostilidades. La protección de la población civil es una obligación que debe ser garantizada por todos los actores y autoridades competentes”, indicó.
La Defensoría señaló además que comunidades indígenas, campesinas y rurales siguen enfrentando amenazas, restricciones a la movilidad, controles sobre las comunicaciones y otras afectaciones por la presencia de grupos armados ilegales en la región.
Por esta razón, hizo un llamado a los actores armados para excluir a la población civil de la confrontación y pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales reforzar las medidas de prevención, protección y atención humanitaria.
El organismo advirtió que, de no adoptarse acciones urgentes, la crisis humanitaria podría profundizarse en el sur del país, especialmente en zonas donde las comunidades permanecen en medio de la confrontación armada.