La Superintendencia de Sociedades confirmó el archivo de la actuación administrativa iniciada contra integrantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, relacionada con presuntas irregularidades denunciadas por la exvicepresidenta jurídica de la entidad, Tania Marcela Hernández Guzmán.
De acuerdo con la Resolución 300-020539 del 4 de mayo de 2026, la Superintendencia confirmó la Resolución 303-014317 del 24 de diciembre de 2025, mediante la cual se archivó la actuación administrativa.
La queja había sido presentada el 5 de febrero de 2025 por Hernández Guzmán ante la Superintendencia de Sociedades contra Enrique Vargas Lleras, presidente de la Junta Directiva; Alejandro Mejía, expresidente de la Junta Directiva hasta el 16 de enero de 2025; y Constanza del Pilar Puentes Trujillo, secretaria de la Junta Directiva.
Según el documento, las denuncias estaban relacionadas con supuestas presiones sobre decisiones vinculadas a actuaciones de un funcionario de la entidad, en temas asociados a patrones de conducta de acoso laboral y de género.
La Superintendencia recordó además que, mediante la Resolución 303-016555 del 20 de marzo de 2026, ya había decidido no reponer la Resolución 303-014317 del 24 de diciembre de 2025, luego del recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por Hernández Guzmán el 9 de enero de 2026.
En la resolución más reciente, la entidad también advirtió que contra esta decisión “no procede recurso alguno”, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El comunicado señala que las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Sociedades “evidencian el comportamiento ético y moral de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá”, y agrega que las actuaciones estuvieron orientadas bajo principios de integridad, honestidad y justicia.
Asimismo, cita que las solicitudes formuladas por la exvicepresidenta jurídica “no están llamadas a prosperar, al no configurarse los presupuestos fácticos y jurídicos que justificarían la práctica de nuevas pruebas, la declaratoria de nulidad o la adopción de medidas correctivas o sancionatorias”.