Cuatro meses de investigación
De acuerdo con las autoridades, la investigación se extendió durante cuatro meses y permitió recopilar material probatorio suficiente para establecer la presunta participación de los funcionarios en conductas delictivas reiteradas. El proceso incluyó entrevistas, diligencias judiciales y cruces de información con otros expedientes en curso.
Según el expediente, al menos seis hechos estarían relacionados con delitos contra la libertad y la integridad de las internas, mientras que otros nueve corresponderían al ingreso y distribución de estupefacientes dentro del establecimiento.
Así operaba el presunto esquema ilegal
La indagación señala que los implicados habrían utilizado su posición como autoridad penitenciaria para introducir drogas, teléfonos móviles y bebidas alcohólicas. Estos elementos, prohibidos en centros de reclusión, serían empleados como mecanismo de presión y control frente a algunas internas.
Las autoridades indicaron además que, en ciertos casos, una persona privada de la libertad habría sido utilizada como intermediaria para contactar a las víctimas. También se investiga el suministro de sustancias que habrían colocado a algunas mujeres en condiciones de indefensión.
Medida de aseguramiento
Durante la audiencia de legalización de captura, un juzgado consideró que existían elementos suficientes para imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a los cuatro procesados, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Otras denuncias bajo la lupa
Este caso se suma a otras alertas que pesan sobre la cárcel El Pedregal. La Veeduría Penitenciaria de Colombia solicitó recientemente al Inpec ampliar las investigaciones por presuntos hechos de corrupción que incluirían cobros irregulares a familias de personas privadas de la libertad para permitir el ingreso de alimentos.
En meses pasados, incluso, se registraron protestas internas por supuestas prácticas de extorsión, lo que ha incrementado el llamado de organizaciones y autoridades a fortalecer los controles y la vigilancia institucional en el sistema penitenciario.
Las autoridades reiteraron que continuarán las investigaciones para determinar si existen más responsables y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión.